Yunda supo que pruebas COVID-19 no servían

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, decidió no terminar el contrato de compra de 100 mil pruebas PCR para Convid-19, pese a que la titular de la Secretaría de Salud le alertó que no servían y eran defectuosas. Por el contrario, el burgomaestre insistió en usar los insumos de origen coreano y de baja sensibilidad -que llegaron desde abril del 2020 (foto)- siguiendo el consejo de la doctora Linda Guamán, funcionaria municipal. Este martes, la Fiscalía pedirá vincular penalmente a Yunda: se presume que cometió abuso de fondos públicos.

Redacción Código Vidrio

Un documento pericial de más de 400 fojas pone en vilo al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Los chats que mantuvo con dos altas funcionarias de la Secretaría de Salud del Municipio revelan que él fue informado sobre la baja sensibilidad de las pruebas de detección COVID-19, que el Cabildo compró en abril de 2020, en el pico de la pandemia.

Sin embargo, la autoridad decidió no terminar el contrato en forma unilateral, tal como sugirió la titular de la Secretaría de Salud, Ximena Abarca. Por el contrario, insistió en usar las pruebas de origen coreano y de baja sensibilidad, siguiendo el consejo “científico” de Linda Guamán, funcionaria de esa entidad.

Por las implicaciones de esa decisión y por el posible ocultamiento de informes técnicos sobre la mala calidad de las pruebas, la Fiscalía solicitará la vinculación del alcalde Yunda y las funcionarias municipales al proceso por peculado, en la audiencia de mañana martes.

En su defensa, Yunda ha dicho que no cometió ningún delito y que su gestión en el ámbito sanitario previno muertes en la pandemia. El alcalde rindió su versión en este caso la semana anterior.

Guamán, por su lado, ha enfatizado que su labor ha sido estrictamente técnica y científica.

Los hechos

Al mediodía del 8 de julio de 2020, la Secretaria Abarca le informó al Alcalde por escrito, vía mensaje de Whatsapp, que la decisión adoptada era la terminación unilateral del contrato con Salumed, la compañía proveedora de los cien mil kits de detección del coronavirus, de marca Isopollo, de origen coreano.

En respuesta, el Alcalde le pidió a la secretaria Abarca hablar con Linda Guamán, una funcionaria de menor jerarquía, con la indicación de que había que seguir con las pruebas.

La decisión la anunció  Yunda el 10 de julio: “terminamos de mutuo acuerdo”. El informe legal CJ-2020, fechado el 12 de julio, está firmado por el coordinador jurídico del Municipio, Marco Rubio. Advierte que como el brote pandémico fue el mayor al esperado en la capital, “se recomienda la contratación de laboratorios externos para el procesamiento de las pruebas, así como el reemplazo de 50 mil pruebas”.

Este mismo documento deja constancia expresa de que no hubo incumplimiento por parte de la firma proveedor de las pruebas. “Vale la pena ratificar que Salumed  ha cumplido con la entrega de los bienes objeto del proceso de contratación”.

El dilema político

Todo indica que la funcionaria Guamán enfrentó un dilema entre lo académico y político, al enfrentar el resultado del análisis técnico de las pruebas COVID-19. La Universidad de las Américas, al inicio de julio, detectó la baja sensibilidad de los kits de detección. Pero ella refutó el resultado, iniciando un cruce de mensajes con el científico que defendía la validez de esos resultados y que insistía en que las pruebas no tienen utilidad por su baja sensibilidad. Según esta evaluación, las pruebas Isopollo solo encuentran 43 de cada 50 casos positivos: esto es, el 86 por ciento de sensibilidad. El proveedor había asegurado que la sensibilidad era del 99 por ciento.

El científico advierte que es inverosímil que en Ecuador se apliquen pruebas coreanas, que ni siquiera son reconocidas en su país de origen.

El proceso fiscal investiga desde hace nueve meses la adquisición de cien mil pruebas por polimerasa, que el municipio compró de emergencia. El contrato asciende a 3,7 millones de dólares, más IVA. Cuando llegaron los insumos, quedó en evidencia que no tenían la capacidad instalada para procesamiento en laboratorio. Y por eso, se erogaron 600 mil dólares adicionales para contratar laboratorios para el procesamiento.

En un allanamiento a la Secretaría de Salud, a fines de enero, las autoridades encontraron indicios de que los informes críticos a la adquisición fueron ocultados en esas oficinas.

Pero la pericia a los teléfonos celulares de las dos funcionarias (Abarca y Guamán) arroja pistas hacia la posible responsabilidad del alcalde Yunda.