Tres años de impunidad rodean secuestro de Javier, Paúl y Efraín

Hoy se cumplen tres años desde que Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en el poblado fronterizo de Mataje, por disidentes del Frente Oliver Sinisterra, entonces liberado por ´Guacho´.  Sus familiares denuncian impunidad en el caso por la supuesta inacción de la Fiscalía, que mantiene la investigación en etapa reservada sin dar paso al inicio de un juicio formal. El gobierno se ha negado a entregar la información de las reuniones del Consepe, en que se conocieron pormenores de las negociaciones fallidas para liberarlos.  

Redacción Código Vidrio

Una cadena interminable de errores y acciones cruentas, insospechadas, arrastró irremediablemente a un callejón sin salida a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico de El Comercio. Hace exactamente tres años ellos fueron secuestrados en el caserío de Mataje, en Esmeraldas.

Estos los principales eslabones.

El mayor de la policía Alejandro Zaldumbide intercambiaba mensajes de WhatsApp con delincuentes del frente Oliver Sinisterra, liderados por Walter Patricio Arízala, alias Guacho, desde inicios de enero de 2018. El oficial, que estaba asignado a San Lorenzo, conocía de la gravedad de las amenazas que hacían integrantes del grupo armado colombiano contra civiles y uniformados, tras los golpes sistemáticos que la Policía y Fuerzas Armadas ecuatorianas daban a la organización desde octubre de 2018.

La información la conoció en primera instancia la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la policía y luego la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO). El Mando Único, que estaba al frente de la seguridad y de la crisis en Esmeraldas, nunca recibió esa información. El 27 de enero, un coche bomba estalló en el cuartel policial de San Lorenzo, dando inicio a la guerra que Guacho le venía anunciando al mayor Zaldumbide.

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Los días siguientes al atentado con un coche bomba detonado por disidentes del FOS al cuartel policial de San Lorenzo, a la zona acudieron decenas de periodistas para cubrir las secuelas del atentado y otros ataques de los disidentes de las FARC en Esmeraldas. A fines de marzo uno de los equipos enviados por Diario El Comercio estaba integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que el 26 de marzo llegaron al poblado fronterizo de Mataje para una cobertura sobre el estallido de una bomba casera, que días antes había ocasionado la muerte de cuatro infantes de Marina.

Los enviados de El Comercio no buscaban pasar a Colombia. Ni entrevistar al líder de los disidentes, Guacho, que siempre fue la tesis oficial. Desde enero, periodistas de varios medios viajaban a los poblados fronterizos esmerladeños, sin tener información clara de las autoridades sobre el peligro por la presencia de los disidentes y sus cientos de colaboradores. En el puesto de control militar, a dos kilómetros de Mataje, hubo decisiones contradictorias: se dejó pasar a contados reporteros, mientras a otros se les negó el paso al poblado, que era controlado por el FOS. El 26 de marzo se autorizó el ingreso del equipo de El Comercio, que minutos después fue secuestrado por milicianos del Guacho.

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Tres ecuatorianos raptaron al equipo de prensa en Mataje, luego los llevaron con amenazas a Colombia y los entregaron a Guacho.

Dos días después, un aparato de espionaje electrónico captó desde el aire imágenes en blanco y negro. Son huellas calóricas que muestran las siluetas de tres personas sentadas, en medio de la selva, en espera. El artefacto sobrevolaba cubriendo un radio de dos kilómetros a la redonda, tomando como referencia Mataje Nuevo, Mataje Viejo y Las Delicias, en el límite fronterizo. También detectó la presencia de individuos en lo que parece ser un anillo de vigilancia. Lo más probable es que los hombres sentados eran Javier, Paúl y Efraín. Dieciocho horas más tarde, se conocería la noticia de que los rehenes iban a ser liberados. Según confirmó el entonces ministro del Interior, César Navas, el Gobierno conoció que los iban a soltar y organizó un operativo para recibirlos en Ecuador. Pero cuando los iban a liberar empezaron operaciones militares y policiales en la frontera, que impidieron la liberación, pese a que ambos gobiernos se habían comprometido a no realizar acciones que arriesgaran sus vidas.

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Las siguientes tres semanas, luego de ser secuestrados, los tres rehenes vivieron un calvario. Las condiciones del cautiverio fuoeron extremadamente duras. Paúl, Javier y Efraín debieron desplazarse constantemente a ritmos forzados y extenuantes en un territorio desconocido, la inclemente selva fronteriza colombiana. Sus captores los cambiaban constantemente de lugar, para evitar la cacecría de las fuerzas colombianas que los buscaban como fieras a sus presas.

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Durante el secuestro, miembros de unidades élite de la policía de Colombia ingresaron por Carchi hacia Esmeraldas, con el apoyo de uniformados ecuatorianos, para realizar barridos desde el límite fronterizo. Buscaban internarse en su territorio para capturar a Guacho. Las operaciones se realizaron entre marzo y abril de 2018. La Fuerza Hércules de Colombia confirmó que realizó dos incursiones militares en el sector. El Gobierno negó cualquier operación conjunta desde suelo ecuatoriano.

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El cautiverio de Javier, Paúl y Efraín tuvo un epílogo trágico. El desenlace habría ocurrido el sábado 7 de abril, en medio de una noche lluviosa. Los cuerpos de los tres fueron encontrados a fines de junio en unas fosas rodeadas de explosivos. Los informes de las autopsias dejaron sin piso la tesis de la Fiscalía colombiana de que fueron ejecutados. Por el contrario establecen que los rehenes murieron tras recibir varios disparos, mientras estaban en movimiento. No se descarta que murieron bajo fuego cruzado, en medio de operaciones armadas de las fuerzas colombianas. Al parecer los narcoguerrilleros les aplicaron la ley de fuga, para impedir que fueran rescatados con vida.

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El 12 de abril, al confirmarse la muerte del equipo de El Comercio, el presidente Lenin Moreno, le declaró la guerra al Guacho, tras una negociación fallida y contradictoria, marcada por las contradicciones y secretismo, para liberarlos. Moreno anunció publicamente que desclasificaría toda la información sobre el manejo del secuestro para que la conociera todo el país.

Sin embargo, La Fiscalía ecuatoriana ha pedido en siete ocasiones los informes que ofreció desclasificar el mandatario, pero su gobierno se ha negado a entregarlos. Específicamente las actas de las reuniones celebradas en el Cosepe entre marzo y abril de 2018.

La investigación fiscal sobre el secuestro y crimen del equipo de El Comercio sigue en etapa reservada y no ha pasado a una formalización del juicio. Desde hace tres años tres fiscales han estado a cargo. Actualmente está al frente Nelson Guano.

En diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derrechos Humanos CIDH, que investigó el secuestro, concluyó que los cautivos no fueron ejecutados de forma premeditada, como aseguró la Fiscalía colombiana. El ESE pidió que se integrara una comisión que investigue la realización de operaciones militares y policiales durante el secuestro, revelada en el libro Rehenes. Estableció que lasmedidas del estado ecuatoriano en la crisis de seguridad en Esmeraldas fueron insuficientes para precautelar la seguridad de la población y de los periodistas. Y recomendó que se establecieran mecanismos para determinar una reparación integral a los familiares de Javier, Paúl y Efraín. Ninguna de esas recomendaciones se ha cumplido hasta la fecha, aunque los estados y los peticionarios han enviado información de avances, especialmente Ecuador, según explicó Pedro Baca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Esos informes y actualizaciones todavía no se han ponderado para analizar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones, pues deben ser subidas en el Sistema de Monitoreo (Simore). En esa plataforma están cargadas más de 6.000 recomendaciones realizadas por la Comisión los últimos años.

“Pese a todos los obstáculos -destaca Baca- no dudo que este caso debe ser considerado como un hito, que obliga a los estados a la protección exaustiva de los periodistas y a la obligación de que sus familiares tengan derecho a la verdad, reparación y justicia”.

Los familiares de Javier, Paúl y Efraín, representados por el colectivo Nos Faltan Tres protestaron, una vez más,  frente a la “nula actuación de la Fiscalía ecuatoriana que en 3 años de investigación previa no ha logrado ni siquiera establecer una línea de tiempo y un mapa de actores que determine de forma concreta qué pasó con los comunicadores antes, durante y después de su secuestro y posterior asesinato”.

La poca prolijidad y diligencia de la investigación, que al momento ha pasado por tres fiscales, es tal que hasta la fecha no se ha realizado una reconstrucción de los hechos, destacan las familias en un comunicado. “Tampoco existen resultados del análisis de huellas dactilares obtenidas de la camioneta en la que se transportaban los periodistas por falta de reactivos, según se han justificado los responsables. El peritaje de los equipos de computación y fotografía que se encontraron dentro del vehículo tampoco ha avanzado, solo por mencionar algunos ejemplos”.

Este viernes 26, a las 10:00, los familiares, amigos y colegas del equipo periodístico relizaron un plantón por la Justicia en los exteriores del Palacio de Carondelet, para anunciar acciones futuras en el ámbito internacional.