Los contratos para la seguridad de Rafael Correa, su familia, dos de las hijas del presidente Lenín Moreno y Julian Assange costaron hasta mayo alrededor de 11,2 millones de dólares. Estuvieron a cargo de la empresa española Undercover Global. Los fondos provinieron del Servicio de Protección Presidencial y de gastos especiales de la Senain. Este portal accedió a documentos del monitoreo y vigilancia en la embajada.
Por: Arturo Torres
Duros críticos del imperialismo estadounidense, pero amigos del zar del siglo XXI, Vladimir Putin. Rafael Correa y Julian Assange no solo comparten sus afinidades ideológicas. También recibieron seguridad y estuvieron bajo la mira aguzada de la misma empresa: la española Undercover UC Global SL, que mantuvo contratos con el gobierno ecuatoriano desde fines del 2013.
Esta compañía firmó una serie de convenios con los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. El anterior régimen la escogió para brindar seguridad y realizar actividades de inteligencia a Julian Assange, desde fines del 2013, en la embajada en Londres; también vigiló al expresidente Rafael Correa y a su familia, a partir del 24 de mayo del año anterior.
Con el cambio de Gobierno, a esa empresa además se le encargó la seguridad de dos de las tres hijas del presidente Lenín Moreno: Irina, en Nueva York, y Karina, en Barcelona, donde viven desde el año pasado.
Por los contratos para Correa, su familia, las hijas de Moreno y Assange el estado ecuatoriano desembolsó hasta mayo alrededor de 11,2 millones de dólares. En el caso del asilado en la embajada, los 5,7 millones fueron cubiertos con fondos especiales de la Senain. El resto – unos 5,5 millones- fue transferido por el Servicio de Protección Presidencial (SPP) desde el Banco Central a una cuenta de esa firma en el Bank of America, en EE.UU.
La marca principal de la empresa que obtuvo los contratos es Undercover UC Global SL, constituida en España. Su director general (CEO) es David Morales Guillén.
La matriz en Ecuador es representada por la ingeniera Gema Ormaza, quien gerencia la firma. “Son dos unidades de negocios, para Europa con la matriz española y en Latinomérica la sede es Ecuador. La que firmó los contratos en cuestión es la compañía española. La unidad de negocios Uclatam inauguró sus actividades el 2 de abril pasado, con la semana táctica, donde realizamos cursos de capacitación y entrenamiento para militares y policías del país. Incluso participaron miembros del Servicio de Protección Presidencial, del 3 al 8 de abril, de forma gratuita», recalca Ormaza.
Un efecto dominó. El martes 22 de mayo pasado, el gobierno anunció la decisión de retirarle la seguridad a Correa y sus familiares, “debido al bajo riesgo existente”. Dos meses antes, también terminó la contratación en Londres y el 11 de junio próximo rescindirá el último acuerdo para la seguridad de Karina Moreno González, en Barcelona, España. Suspendió la contratación sobre la base de informes de la Senain.
El último año, el Régimen pagó por la vigilancia de Correa y su familia 95.000 dólares mensuales, en Bélgica y Francia. Un total de 1,140.000 aproximadamente, según informes oficiales de esos pagos.
En 2014, UC Global fue contratada por recomendación del SPP para dar protección a las hijas del expresidente, Sofía, en Lyon, y Dominique, en Poitiers. Anteriormente, miembros de la seguridad presidencial cuidaban a la hija mayor de Correa.
Durante los dos primeros años de la permanencia de ambas en Francia, su seguridad mensual promediaba los 76.190. Los costos de las facturas variaban mensualmente, dependiendo de los desplazamientos que realizaban los PMI (Personas Muy Importantes), como se denomina a mandatarios y exmandatarios y sus hijos, fuera de la ciudad donde residen.
En la vigilancia de Correa, su esposa Ann y su hijo Miguel en Bélgica trabajaban seis agentes privados que se movilizaban en dos vehículos. Ni el exmandatario ni su esposa tienen auto y continúan viviendo en un departamento en Lovaina. En total se pagó por la seguridad de la familia Correa-Malherbe, entre 2014 y 2018, cerca de 4,7 millones.
Global también ha dado seguridad a las hijas del presidente Moreno en Barcelona y Nueva York
Con la llegada al poder de Moreno, UC Global también fue contratada para dar vigilancia a sus hijas: Irina, en Nueva York, y Karina, en Barcelona. Por ambas se pagaba 90.000 mensuales, según documentos en nuestro poder.
Irina Moreno González, una de las tres hijas del Presidente, es consejera en la representación permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas. Es parte de la nómina de la Cancillería y recibe un salario superior a 6.000 dólares. Antes estuvo en Ginebra, como consejera del Servicio Exterior en la representación del país ante la ONU, mientras su padre también fue delegado del gobierno de Rafael Correa en Suiza. La empresa española le dio seguridad hasta octubre pasado, cuando decidió no continuar con la operación por contratiempos en su vigilancia. Hoy es monitoreada por miembros del SPP.
Karina Moreno, quien vive en Barcelona, es cuidada por cuatro agentes de la empresa española de forma permanente. El contrato, que concluye en junio, le cuesta al gobierno unos 38.700 dólares mensuales. La protección a las dos suma aproximadamente 730.000. Diariamente los operadores envían un informe detallado al SPP, a través de un correo encriptado, de todas sus actividades, según fuentes de Inteligencia. La única de las tres que vive en Ecuador es Cristina Moreno González, quien se casó en 2013 y vive en Guayaquil.
Agentes que han trabajado en este tipo de vigilancia de familiares de mandatarios y exmandatarios comentaron que se trata de operaciones complicadas. Especialmente los hijos se sienten hostigados por los miembros de seguridad, lo cual complica su convivencia diaria. Es común que haya roces y discusiones, sobre todo cuando los PMI se movilizan a otros lugares. Tienen muy poca privacidad, por eso no es extraño que traten de evadir a sus celadores.
Jaque al hacker en el corazón de Londres
Un caballo de Troya. Assange no sospechaba que quienes le daban seguridad realmente lo espiaban.
Los informes de los seguimientos a Assange, incluidos videos, audios y fotografías, eran entregados mensualmente, con las facturas por el servicio, a dos agentes de la Senain en la embajada. Ellos a su vez enviaban los reportes a la Secretaría en Quito, que informaba a Cancillería y a la Presidencia.
Un agente de la entidad comenta que esencialmente se trataba de operaciones de inteligencia para tener un control e información de Assange y sus visitantes.
Código Vidrio envió un cuestionario a Assange a través de su equipo legal, encabezado por Baltazar Garzón, para consultarle si conocía las operaciones de seguridad y espionaje. El activista australiano respondió escuetamente que estaba totalmente incomunicado y que en su representación respondería su abogado ecuatoriano Carlos Poveda. Él asegura que Assange ignoraba que le hacían inteligencia. “No hay duda –asegura Poveda- que Ecuador está cediendo a la presión de EE.UU. para entregarlo a las autoridades inglesas que estarían dispuestas a extraditarlo”.
Las visitas a Julian Assange son aprobadas por el embajador de turno, en este caso Carlos Abad
Tras el ingreso de Assange a la embajada, en junio del 2012, para darle seguridad fue convocada la empresa ecuatoriana Blue Cell, que a su vez subcontrató a UC Global. A fines del 2013 esta última compañía recibió directamente el contrato, por supuestos incumplimientos de la primera.
La compañía hacía un seguimiento detallado del huésped a diferentes niveles. Registraba el nombre de todos sus visitantes, que previamente eran autorizados por el embajador ecuatoriano o su delegado. Desde 2010 han sido embajadores Ana Albán, Juan Falconí y Carlos Abad.
Pedimos la version de Abad, por correo electrónico, pero desde la embajada respondieron: «Todo lo referente al asilado en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido debe dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Comunicación».
Había dos bitácoras de registro: una de la firma española y otra de la embajada. Un asiduo visitante de Assange, por ejemplo, era el hacker alemán de WikiLeaks Andy Muller-Maguhn. Él es el correo que le llevaba a Londres, en un pendrive, mensajes privados de la organización. El australiano no acostumbraba usar el correo electrónico ni el teléfono; solo atendía mensajes privados en su cuenta de Twitter. Su situación empeoró en marzo pasado cuando el gobierno ecuatoriano le cortó todo tipo de comunicaciones y visitas, con excepción de su equipo legal. La Cancillería dijo que las condiciones de Assange, nacionalizado ecuatoriano en enero pasado, no han variado y se impusieron por la serie de violaciones a su condición de asilado.
Detalle de los fondos a liquidar en octubre del 2017 por la seguridad de Assange en la Senain
Antes de las medidas restrictivas, quienes le visitaban debían dejar cualquier dispositivo electrónico, llaves o efectos personales en la entrada, controlada por un agente español.
Assange acostumbraba activar un ruido de fondo para interferir en posibles micrófonos: sus conversaciones se realizaban mediante notas escritas o una libreta. Los informes de inteligencia, validados por la Senain, destacan su estado evidente de paranoia y perturbación.
Desde su ingreso, el anterior Gobierno le otorgó todo tipo de privilegios. Recibió visitantes con posiciones políticas radicales. Entre ellos, personajes vinculados con grupos extremistas y separatistas como Oriol Soler y Andreu Grinyó, líderes de la campaña para la independencia catalana, en España.
El nombre del catalán Soler quedó registrado en un reporte oficial,en noviembre del 2017. Otro informe también incluye los perfiles de abogados de Assange, que estuvieron en la embajada.
En junio de 2015, un oficial de la Policía de la Senain, preocupado por informes de las visitas que recibía Assange, entregó un oficio al entonces secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo. Él, a su vez, redactó un documento secreto que entregó al entonces canciller Ricardo Patiño. Pese al nivel de alertas de supuesta peligrosidad de los visitantes, el gobierno no tomó ninguna decisión ni acción específica, según fuentes de la Senain.
Un año antes, el embajador Juan Falconí habría presentado una nota de queja a la Cancillería porque a la embajada llegaron facturas por el alquiler de un departamento ajeno a la sede diplomática y por retrasos en el pago de la seguridad. Por este motivo, Falconí incluso conversó telefónicamente con Vallejo y uno de sus asesores, quien dijo que los gastos serían cubiertos con fondos de la Senain. Sin embargo, al ser consultado por este portal, Falconí pidió identificar a las fuentes que proporcionaron esta información pero no se pronunció. Uno de los testigos –cuya versión tenemos grabada- ratificó la conversación entre Londres y Quito.
WikiLeaks es considerado por la CIA un agente de inteligencia no estatal y hostil. Ha publicado en los últimos años documentos comprometedores para EE.UU. Pero lo que más ha molestado a ese país es la filtración de correos del Partido Demócrata, antes de las elecciones de 2016, que perjudicaron a la candidata Hillary Clinton y beneficiaron a Donald Trump. La CIA sospecha que Rusia suministró esos mails.
Según The Guardian y el portal ecuatoriano Focus, en 2014 el gobierno ecuatoriano fue informado que Assange, violando su condición de asilo, tenía su propia estructura de redes y comunicación, incluso satelital, “interceptando y recolectando información de la Embajada y de las personas que trabajan allí”. Y que su seguridad fue pagada con fondos especiales. Varias fuentes de Inteligencia nos corroboraron que Assange “hacía lo que quería en la sede diplomática” con pleno conocimiento y consentimiento oficial, especialmente en el anterior gobierno.
Este medio cruzó informes de los pagos realizados por la Senain. Según estos documentos, por la seguridad y operaciones de espionaje a Assange se pagaban hasta este año mensualmente 84.100 dólares. En seis años ese rubro es aproximadamente de 5,7 millones. El acuerdo incluía la cobertura de 17 ítems, entre apoyo médico, seguridad informática, monitoreo electrónico, vigilancia de cámaras, personal especializado de seguridad, entre otros.
Ante la serie de denuncias de abusos en el manejo de los gastos especiales en la Senain, la Contraloría realiza un examen especial a la forma en que fueron auditados y justificados por el anterior contralor Carlos Pólit, entre 2007 y 2017. También ejecuta el juzgamiento de los gastos de los últimos seis meses, hasta marzo pasado.
El gobierno de Lenín Moreno rescindió el contrato para la seguridad de Assange en marzo pasado, luego del cambio de secretario de Inteligencia. La entidad ahora está al mando del coronel (r) Jorge Costa. La vigilancia de Assange está a cargo de la compañía ecuatoriana Prom Security, y, al parecer, no incluye el componente de inteligencia.