Los conflictos por el oro reviven en Buenos Aires

Decenas de habitantes destruyeron y quemaron esta semana dos campamentos de Hanrine en Imbabura. Los moradores impiden desde hace dos semanas el ingreso de trabajadores de la empresa. La concesión de la compañía en esta área, denominada Imba 2, está suspendida desde julio de 2019, cuando empezó a regir un amparo administrativo. Las alertas sobre los asentamientos ilegales y los pedidos de intervención de las FF.AA. llegaron a las autoridades mineras locales desde diciembre de 2017, pero no tuvieron respuestas oportunas. Se estima que la reparación del daño ambiental, causado entre 2017 y 2019 por mineros ilegales, le costaría al Estado 1,2 millones de dólares. 

Redacción Código Vidrio

La fiebre del oro enciende nuevamente los conflictos en Buenos Aires, Imbabura. Las últimas semanas los moradores de este pequeño poblado en el norte de Imbabura han impedido el acceso de empleados de la empresa Hanrine a las zonas donde mantiene dos concesiones mineras.

El miércoles 25 agosto pasado, más de 100 bonaerenses y 10 personas de la comunidad AWA, provenientes de Palmira, se trasladaron temprano en la mañana por la llamada Ciudad de Plástico, hasta el campamento Imba 2 (en Santa Lucia) de Hanrine. Una vez ahí, cerca de las 09:00, destruyeron las áreas administrativas y de vivienda y se llevaron equipos y otros enseres, según un informe de la Policía Judicial.

En medio de violentas amenazas, 14 personas, entre trabajadores e ingenieros de Hanrine, fueron amedrentados por los lugareños y debieron abandonar el sitio y dirigirse hacia la parroquia Buenos Aires, al otro lado de la montaña.

Luego de quemar el campamento, el grupo se trasladó caminado por un trecho de herradura hasta el sector del Jordán, donde se levanta el campamento Imba 1, también de Hanrine. Al llegar al asentamiento, cerca de las 16:00, destruyeron y quemaron las instalaciones, incluidos varios contenedores con combustible, sin acatar las alertas que les hacían policías que vigilaban el lugar y llegaron desde Buenos Aires.


En julio de 2019, 2.400 policías militares realizaron un megaoperativo en Buenos Aires, coordinado por el Ministerio de Gobierno, para desalojar a  10.000 mineros ilegales, entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos, que trabajaban en la zona desde fines de 2017. En esta región también operaron grupos armados y bandas delictivas. Hubo decenas de ejecuciones, según familiares de algunas de las víctimas.


Los habitantes de Buenos Aires hoy controlan el ingreso a los sitios donde años antes se habían instalado los mineros ilegales para extraer grandes cantidades de material con oro, que luego era transportado en camiones a plantas de procesamiento en El Oro e Imbabura, en algunos casos con la complicidad de uniformados. En la zona también han empezado a llegar nuevamente mineros, organizados en cooperativas, que piden la salida de Hanrine, el retiro y reasignación de la concesión, por supuestos abusos y excesos de sus empleados.

La semana pasada, los habitantes de Buenos Aires se reunieron en asambleas comunitarias. La presidenta de la Junta Parroquial, Alexandra Benavides, dijo que no permitirán que en la zona se realicen actividades mineras legales o ilegales. Las autoridades del Coe de Urcuquí también decretaron la suspensión de las actividades mineras de Hanrine y Solgold, lo cual preocupa a sus representantes.

Obligan a retirar maquinaria

Según reportes policiales, en el sector conocido como el Jordán, el 21 de agosto trabajadores de Hanrine realizaban trabajos en la vía, lo cual generó manifestaciones de moradores del sector, a favor y en contra de la empresa.

En el lugar estaban unas 40 personas con una retroexcavadora, un rodillo y una volqueta, al mando de Luis Sánchez, encargado del Área de Operaciones de Hanrine. Él explicó que la empresa estaba realizando el lastrado de seis kilómetros de vía, y que durante esa semana no han visto personas realizando actividades de minería ilegal, pero que tuvieron inconvenientes con lugareños opuestos al ingreso de la empresa.

Ese mismo día llegaron dos camiones, cada uno con 40 personas aproximadamente y varias motocicletas, que exigían la salida de los empleados de la compañía. Luego llegó otro grupo de 60 manifestantes en camionetas, para sacar la maquinaria, que según el informe de la Policía eran supuestamente liderados por: Ruperto B, Simón N, Patricio R y José F, entre otros.

Para enfrentar la arremetida, se conformó el grupo de comuneros del sector de Santa Lucía, quienes estaban dispuestos a enfrentarse a los manifestantes para evitar que saquen la maquinaria. En los dos grupos hay familiares y amigos enfrentados a favor y en contra de la empresa.

Tras las fricciones, Hanrine retiró la maquinaria hacia Buenos Aires, en medio de intentos de conciliación dirigidos por el coronel de Policía, Marco Narváez.

La Policía estima que la confrontación escalará los próximos días, pues los grupos beligerantes buscan expulsar a Hanrine de la zona y volverán con más gente, ante lo cual pide que se refuerce el personal de vigilancia policial en Buenos Aires

El martes 25 de agosto unos 100 moradores de Buenos Aires quemaron dos campamentos de Hanrine en las zonas donde tiene concesiones mineras. Foto cortesía

La concesión está suspendida

Hanrine tiene, desde noviembre de 2017, seis concesiones mineras, localizadas entre Imbabura y Carchi, para actividades de exploración y explotación minera, con miras a la extracción de oro. Los procesos para acceder a las concesiones tomaron entre 9 y 20 meses y se inciaron desde el anterior Gobierno, en marzo de 2016.

Carlos de Miguel, gerente de Hanrine, dijo que al mes de obtener las cinco concesiones, en Buenos Aires (Imba 2), identificaron asentamientos donde ya trabajaban entre 60 y 300 mineros ilegales. Desde diciembre de ese año, aseguró de Miguel, notificaron de sus actividades a las autoridades del gobierno, y presentaron un amparo administrativo al Ministerio de Energía y Minas para que se suspendan los efectos de la concesión, en los plazos de cumplimiento de los planes de exploración y explotación para la empresa.


Hasta julio pasado, por todos los delitos sucedidos en Buenos Aires se abrieron 38 investigaciones previas en Fiscalía, 98 instrucciones fiscales y hubo 500 detenidos. La Arcom presentó 13 acusaciones particulares por delitos conexos, además de minería ilegal, como lavado, extorsión, trata de personas, explotación laboral y narcotráfico.


El 5 de enero de 2018, Hanrine envió el oficio HE-002-2018 dirigido a Óscar Garzón, coordinador de Arcom-Ibarra, solicitándole el amparo. “Estamos atentos a que la Arcom lleve a cabo el respectivo operativo de desalojo con el apoyo de FF.AA. Después del desaolojo de los mineros ilegales y grupos ilícitos  presentes en nuestra concesión, la compañìa aportará con seguridad privada, que incluirá personal de seguridad armada y equipada bajo permisos de ley. Requerimos que se mantenga un contingente de soldados del CC.FF.AA. presentes en la zona por 60 días”.

No obstante, el amparo no fue otorgado. Los meses siguientes la conflictividad en la zona escaló, con la llegada de cientos de mineros ilegales. Hasta mediados del 2019 en la Ciudad de Plástico, mina vieja y

Desde diciembre de 2017, Hanrine pidió la intervención de las autoridades para frenar la minería ilegal, pero no obtuvo respuestas, hasta julio de 2019.

mina nueva se asentaron unas 10.000 personas, dedicadas a la extracción ilegal de material mineralizado.

Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, confirmó que el amparo se concedió finalmente el 19 de julio de 2019, desde cuando la concesión Imba 2 está suspendida. Esto implica que todos los compromisos asumidos por la firma están en suspenso, incluido el plazo de cuatro años para la exploración y explotación. Entre tanto, los trabajos de exploración y perforación en otras áreas concesionadas a Hanrine continúan, pese a los incidentes de las últimas semanas.

“Esto quiere decir que trabajaron 19 meses, desde diciembre de 2017 hasta el primer semestre de 2019. Esto debe deducirse de la ventana de 48 meses que la ley les da para los trabajos y sus inversiones”, explicó Benalcázar.

Este año, las autoridades iniciaron el proceso para levantar la suspensión, con lo cual la empresa podrá retomar oficialmente sus operaciones. Esto, sin embargo, implica que se cumplan varios requisitos. Sobre todo, que el Ministerio de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), terminen sus informes con el inventario de los daños ambientales causados por la minería ilegal, para así dar paso a la remediación.

Lugareños indicaron que desde hace varias semanas grupos pequeños de mineros están nuevamente en la zona, extrayendo material mineralizado en bultos, que luego son transportados en camiones hacia Portovelo para su procesamiento.

Xavier Subía, coordinador técnico de control y Regulación Minera de Arcom, dijo que hace varias semanas realizaron una inspección en la ciudad de Plástico, Mina Vieja, Mina Nueva, y no detectaron ninguna actividad ilegal.

Tras la incursión y el desalojo de julio de 2019, las autoridades se incautaron de 13.000 bultos de material con oro, que fueron traslados a las bodegas de la Arcom, para su posterior entrega a la Empresa Nacional Minera (Enami).

Informó que el Ministerio de Ambiente aún no ha realizado una evaluación de los daños, porque no cuenta con 200 mil dólares necesarios para integrar el equipo de auditoría y el trabajo de campo. Por el momento, se estima que la remediación de las afectaciones le costaría al Gobierno $1,2 millones.

Tras la incursión y el desalojo de julio de 2019, las autoridades se incautaron de 13.000 bultos de material con oro, que fueron traslados a las bodegas de la Arcom, para su posterior entrega a la Empresa Nacional Minera (Enami). Ese material contiene entre 8 y 100 gramos de oro por cada tonelada. En total suman 1.200 toneladas de material mineralizado incautadas. Es decir que una vez procesado ese material podría dejar una rentabilidad de 7 millones de dólares para Enami, según Subía.

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