Las cuentas secretas del legislador Azuero

Mikla Construcciones es la firma estandarte del grupo societario que levantó el legislador Eliseo Azuero, quien tiene orden de prisión preventiva por una supuesta repartición de fondos en obras de reconstrucción en Manabí y hoy, 8 de septiembre, acaba de presentar su carta de renuncia a la Asamblea. Azuero posee un patrimonio de 5,7 millones. En 2015 creó Mikla, que recibió contratos con el estado, tras el terremoto de 2016. En sus cuentas habría recibido depósitos de 1,5 millones de dólares, entre 2012 y 2020, sin un registro de la identidad de los depositantes. Sus movimientos financieros, entre 2017 y 2019, no se reflejarían en su declaración patrimonial.

Investigación de Código Vidrio y revista Vistazo

Está en el ojo de la tormenta. Enfrenta una orden de prisión dictada el viernes 17 de julio por el juez Marco Rodríguez dentro de la investigación fiscal por su posible participación en una trama de pagos irregulares en obras en Manabí, que salpica al Legislativo. Una radiografía a la actividad empresarial del asambleísta Eliseo Azuero Rodas -aquí revelada- muestra que tiene una fortuna amasada en firmas que han tenido contratos millonarios con el Estado, especialmente tras el terremoto, en 2016.

El conglomerado empresarial que levantó está estrechamente ligado a sus relaciones familiares cercanas. Fuentes del sistema financiero informaron que en sus cuentas habría recibido depósitos de 1,5 millones de dólares, entre 2012 y 2020, sin un registro de la identidad de los depositantes. Sus movimientos financieros, entre 2017 y 2019, no se reflejan en la declaración patrimonial, que presentó en Contraloría.

Transporte de Carga Sol de Oriente, Mikla Construcciones y Rocaoriental encabezan su grupo societario.

Contactamos al abogado del legislador, José Luis Ortega, para que explique todas las irregularidades que detectamos, pero no se pronunció.

Azuero, del BADI, tiene orden de prisión junto a 11 personas más, dentro de la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada, en la que también está involucrado el legislador de PAIS, Daniel Mendoza. Este martes 8 de septiembre acaba de presentar su renuncia a la Asamblea, alegando que no tiene garantías para preservar su salud si es llevado a prisión. Además, asegura que no tuvo ninguna participación en los supuestos negociados para construcciones hospitalarias en Manabí y en un reparto de cargos públicos.


Declaración presentada en la Contraloría


La bonanza tras el terremoto 

2016 fue el año del terremoto en Manabí. Para entonces Azuero aún no era asambleísta (si bien su carrera política empezó en 1990); pero sí era conocido como un empresario de la construcción y el transporte pesado. En 2015 constituyó Mikla Construcciones, con sede en Sucumbíos, firma que ganó contratos de emergencia con el gobierno de Rafael Correa para ejecutar obras en Manabí y Esmeraldas. Fuentes cercanas aseguraron que sus contactos políticos con el correísmo gravitaron a su favor. Sus acciones las transfirió en 2016 a nombre de su hijo Carlos Alexis.

Ese fue el año de su mayor bonanza. Por el ejercicio económico de 2016 declaró ingresos por 7,3 millones de dólares y una utilidad de $622 mil. En contraste, en 2015 registró ingresos por $97 mil y 13 mil de utilidad. Esto consta en su declaración de Impuesto a la Renta.

Pero al contrastar sus declaraciones del Impuesto a la Renta con sus ingresos bancarios, hay discrepancias en 5 años: 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019. En este último, la diferencia es de 211 mil dólares. Entre 2012 y 2020 tiene depósitos bancarios por $1,5 millones, pero sin especificación del depositante, según fuentes de entidades de control.

Entre 2016 y 2017, facturó a la dirección distrital del Ministerio de Obras Públicas nueve millones de dólares.

En 1990 fue diputado por Sucumbíos; luego postuló para prefecto por esa provincia, consiguiendo la victoria en urnas y una reelección, a la cual renunció para optar por una curul legislativa. Volvió al Congreso, con el auspicio de la Democracia Popular.

 

 

 

 

En 2004 corrió con el PRIAN para la prefectura pero quedó en tercer lugar. Para 2006, con la misma divisa se catapultó nuevamente al Congreso, que en cuestión de meses el entonces presidente Correa defenestró. Entre 2007 y 2017 su vida pública entró en pausa (no consiguió la alcaldía de Nueva Loja a la cual se postuló en 2009).

En 2017 llegó a la Asamblea, con la Izquierda Democrática de la que marcó distancia. Actualmente apoya al Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI.

Su patrimonio de 5,7 millones

Al inicio de su gestión, en mayo de 2017, declaró a la Contraloría un patrimonio de 5,7 millones de dólares, resultado de la diferencia entre sus activos (7 millones) y pasivos (1,2 millones). Para 2019, esto es, para la declaración de mitad de período legislativo, reportó una reducción, tanto en activos como en pasivos (deudas). Los activos bajaron a 5,8 millones, y sus deudas bajaron a 18 mil dólares. Su patrimonio, para 2019, continuaba en $5,7 millones, con una leve variación al alza de $54 mil.

Sin embargo, según registros financieros, en ese período tuvo acreditaciones por 5,8 millones de dólares y débitos por 4,9 millones de dólares, lo cual no es coherente con su declaración jurada.

Azuero, al parecer, no cumplió con la normativa tributaria que obliga a quienes tengan bienes que superen 226.200 dólares a presentar una declaración patrimonial ante el Servicio de Rentas Internas. El objetivo de esa declaración es controlar los incrementos patrimoniales injustificados de personas nacionales o extranjeras que viven en el Ecuador.

En 2017 actualizó su Registro Único de Contribuyente (RUC), cuya actividad económica es la de “alquiler de maquinaria y equipo de construcción”. Se encuentra activo. A su nombre se registran seis vehículos: un jeep, dos camionetas, un trailer, un camión y una volqueta, por un monto total estimado en más de 350 mil dólares.

En Pichincha tiene tres predios; además de propiedades en Nueva Loja. Dos de los predios en Pichincha los adquirió en 2004, se encuentran en Guayllabamba y en La Delicia, Comité del Pueblo. En septiembre de 2019, fue uno de los 30 asambleístas que se abstuvo de votar a favor de una reforma penal que viabiliza incautar bienes relacionados con actos de corrupción.

Sus intereses empresariales

La esposa, hijos y hermanos tienen participación societaria en entidades relacionadas con el asambleísta Azuero. Según una investigación preliminar, crea empresas que luego transfiere sus familiares, y luego reciben contratos con el Estado.


 

 

Transporte de carga Sol de Oriente:
Azuero compró en 2017 el paquete accionario de esta empresa, cuyo objeto social es la carga pesada a nivel nacional e internacional. Su esposa, Nelly Arias, es accionista. Constituida en 2012, la empresa es proveedora del Estado y se encuentra domiciliada en Sucumbíos.
Su hermano, Aristóteles Melquesedec Azuero Rodas, consta como accionista, adquirió participación en 2014 e incrementó capital en 2015. Su hijo Carlos Alexis Azuero Rodas es accionista.

Mikla Construcciones:
Constituida en 2015. Se volvió contratista del Estado en 2016, este año transfiere sus acciones a favor de su hijo Carlos Alexis, quien figura como presidente. Entre 2018 y 2020, el asambleísta facturó 535 mil dólares a esta empresa. Según información de esta empresa, trabajó en demolición y desalojo en Quinindé, Tonsupa y Atacames (Esmeraldas); y en Manta, Manabí. También tiene contratos en el sector petrolero, en la Amazonía.

Rocaoriental:
Empresa de construcciones y servicios, liquidada en noviembre de 2019. Dedicada a la construcción de edificios, y constituida el 2000. En 2010, su hermana Maribel Azuero Rodas tenía acciones de esta empresa. Su representante legal es, a su vez, representante de la firma Construcciones y Servicios Aguaricocha, que aparece como contratista en obras de emergencia tras el terremoto, junto con Milka.

5 comentarios en “Las cuentas secretas del legislador Azuero”

  1. Da lástima por el país por la cantidad de sinvergüenzas que ocupan cargos de elección popular y cargos públicos, el sinónimo de asambleísta o funcionario público no se cual es.

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  2. Estos son los dichos padres de la Patria que vergüenza deberían sancionarles con todo el rigor de la ley , a estos que valiéndose y abusando de su posición hacen del patrimonio de la patria como si fuera propio,que devuélvala lo que se han robado ,ya que con ello se llegaría con obras a los sectores más vulnerables

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  3. Se debe de crear urgente la ley para el embargo de todos los bienes y dineros robados al estado así como también implementar la cadena perpetua para todos aquellos que cometen actos de corrupción

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