La sombra de Assange persigue a Bini, que vuelve al banquillo de los acusados

Este jueves se realizará la audiencia preparatoria de juicio contra el sueco Ola Bini, acusado de un supuesto acceso no consentido a sistemas informáticos del Gobierno. La Fiscalía pedirá que el informático sea llamado a juicio formalmente, con base a informes periciales de la policía y la CNT. Su defensa dice que no hay pruebas sólidas y que se trata de una persecución política, por su amistad con Julian Assange, fundador de WkiLeaks.

Redacción Código Vidrio

La jueza penal Yadira Proaño decidirá la suerte judicial del programador sueco Ola Bini, acusado de un supuesto “acceso no consentido a sistemas informáticos” del gobierno ecuatoriano.

La audiencia preparatoria de juicio está fijada para este 5 de marzo, en el juzgado del complejo judicial del norte

El caso contra Bini tiene un cordón umbilical: su relación con el fundador de WikiLeaks Julian Assange, a quien el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo el 11 de abril pasado y lo entregó a la policía inglesa.

Ola Bini visitó 15 veces a Julian Assange en la embajada en Londres. Por eso los organismos de inteligencia de Ecuador y EE.UU. creen que es un operador de WikiLeaks, y que vino al país en 2013 con una misión específica.

Assange cumple una condena de 50 semanas de cárcel por evadir su arresto en 2010, y paralelamente enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Las horas siguientes a la captura del australiano, en 2019, Bini fue detenido en el aeropuerto de Quito, mientras intentaba abordar un avión en el que viajaría a Japón.

La operación -según conoció Código Vidrio- fue coordinada entre autoridades de EE.UU. y Ecuador, que realizaban seguimientos de inteligencia a Bini, por su cercana relación con Assange y WikiLeaks, lo cual ha sido negado por sus abogados.

Los servicios de Inteligencia también investigan las conexiones del sueco, de 37 años, con el alemán Andrew Müller-Maguhn, brazo derecho de Assange, acusado de hackear y divulgar información sensible y clasificada, especialmente durante la campaña presidencial en EE.UU.

Entre junio y octubre de 2016, WikiLeaks publicó miles de correos del Partido Demócrata, filtrados por hackers que trabajan para agencias de Inteligencia de Rusia, según la investigación del fiscal especial Robert Muller.

Bini tiene medidas sustitutivas

Carlos Soria, abogado de Bini, confirmó que la audiencia se realizará este jueves. El informático, acusado de ser hacker por el gobierno, está procesado por el presunto delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos” del gobierno.

Bini estuvo preso en la cárcel de El Inca, en Quito, entre abril y junio de 2019. Salió con un Hábeas Corpus. Tiene medidas sustitutivas. Foto archivo particular.

Estuvo detenido entre abril y el 20 de junio pasado, cuando recuperó su libertad, una vez que la Corte Provincial le concediera el recurso de Hábeas Corpus, estableciendo que su detención fue “ilegal y arbitraria”.

Desde ese día, la Corte le otorgó medidas sustitutivas, por lo cual debe presentarse todos los viernes en la Fiscalía, no puede salir del país y tiene bloqueadas sus cuentas.

Su defensa estima que al otorgársele la libertad a Bini se evidenció que lo actuado en su contra era nulo, pues nunca hubo pruebas del supuesto hackeo en los dispositivos que se le incautaron cuando fue apresado. “Mi defendido está secuestrado por el estado ecuatoriano”, dijo el abogado.

Soria comentó que en la audiencia de juicio probarán de forma contundente que el juicio carece de pruebas y que es una persecución política, por su amistad con Assange.

Desde 2013 a 2019, el programador visitó 15 veces a Assange, mientras estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres, según reportes de la Cancillería adjuntados al juicio.

Esta es la fotografía que Bini hizo a la página de la CNT, donde aparece un mensaje de advertencia sobre un posible acceso no autorizado a esa información.

Fiscalía ratificará su acusación 

Este portal conoció que el fiscal Fabián Chávez, quien dirige la investigación, pedirá que Bini sea llamado a juicio por acceso no consentido al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Este delito está penado con tres a cinco años de cárcel.

La principal prueba de la Fiscalía contra Bini se basa en informes de la Policía Judicial y de la CNT, que analizaron una fotografía hallada en su celular. La foto encontrada por la Fiscalía evidenciaría que el programador intentó ingresar, sin autorización, en octubre de 2015 a la red de la CNT, que a su vez estaba interconectada con la empresa estatal Petroecuador y la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia.

“La red LAN, que consta en la fotografía, es una red local y no pública”, según el informe O&M-REDES IP, 2019-08-016, elaborado por Carlos Medina, responsable de la CNT.  “Al ser una red privada, implicaría que Ola Bini ingresó a la red y una vez que estuvo en la misma intentó infiltrarse al equipo de la CNT, conllevando la intromisión a la red y vulnerando las seguridades establecidas por al empresa pública”.

Luego de ingresar a la red de la empresa desde su computador, Bini fotografió la pantalla con su celular y envió la imagen, a través de WhtasAp, a Marco Arguello. En la foto aparece la dirección IP LAN 181.113.57.169, “que denota un usuario (/home/olabini) y la descripción de prevención de ingreso no autorizado al equipo de la CNT, que daba servicio a Petroecuador-Senain”, indica un informe del perito criminalístico de la Policía, William Castro.

Este video registra la última visita de Bini a Assange, en enero de 2019.
La conversación no se entiende porque Assange encendió un distorsionador. 

Los registros de la red captados en la foto -según ese reporte- indican que es local (privada) y no pública. Bini intentó inflitrarse al equipo de la CNT, vulnerando las seguridades de la empresa pública, según el informe.

A la denuncia en contra de Bini, también se sumó la acusación particular impulsada por la gerente de la CNT, Martha Moncayo, contra Bini y Arguello, por la supuesta vulneración de su sistema. Así busca una “reparación integral por el perjuicio causado”.

Esta es la asistencia penal de EE.UU., que especifica los equipos de Bini que fueron revisados, y la información que contenían.

“La foto no prueba ningún delito”

Sin embargo, la defensa de Bini insiste en que la fotografía no prueba delito alguno. Y para sustentarlo pidió un peritaje autónomo, realizado por Galo Cárdenas, experto en informática.

El informe de la CNT no permite concluir si en el equipo se registró la creación de usuarios, señala el peritaje y añade: “El comando Telnet se lo podía ejecutar desde cualquier parte del mundo, ya que la dirección a la que apunta es una IP publicada al Internet. Sin embargo, la respuesta que el equipo debería dar es una conexión rechazada y no la pantalla que se visualiza en la fotografía”, indica el análisis técnico. “Entonces -agrega- cualquier persona podría ingresar a ese equipo”.

Soria recalca que Bini identificó que el sitio del Gobierno era vulnerable mientras navegaba en Internet, por lo cual envió la foto a Marco Arguello, con quien ha mantenido relaciones de trabajo, para que informara de la vulnerabilidad a esa compañía, con la cual tenía un contrato.

Arguello, otro de los implicados

Arguello también está implicado en este proceso por la Fiscalía. Mantiene relaciones con Bini a través de distintas empresas y actividades privadas, hace varios años.

Peritaje presentado por la defensa del sueco Ola Bini.

Él vendió un servidor a Bini, que mantenían en la empresa Telconet, para almacenar información, con el pago mensual de 5.000 dólares. Arguello también ha negado dentro del proceso su participación en el supuesto intento por vulnerar los equipos de la empresa pública.

Arguello es integrante del Centro de Autonomía Digital (CAD). En 2018 uno de sus fundadores fue Bini, quien también ha sido Director técnico. Entre sus socios están Sara Zambrano, Leslie Jarrín, Marco Arguello y Clara Robayo, según documentos que constan en el proceso.

En 2013, Jarrín también fue representante legal de la empresa desarrolladora ToughtWorks-Ecuador, que abrió como subsidiaria de la sede en Chicago, donde antes trabajaba Bini.

El sueco llegó al país ese mismo año con una visa de trabajo junto a su esposa, de la que luego se separó, para apuntalar la subsidiaria y dar capacitación a programadores.

El CAD mantiene nexos contractuales con ToughtWorks-Ecuador y también con Soporte Libre, otra empresa fundada por Jarrín y Arguello.

RECTIFICACIÓN
Sara Zambrano, presidenta del Centro de Autonomía Digital (CAD), nos envió una carta rectificando dos datos de la nota titulada ‘La sombra de Assange persigue a Bini, que vuelve al banquillo de los acusados’. Esencialmente señala que Clara Robayo ya no forma parte del directorio del CAD, y que esta entidad nunca ha tenido relaciones contractuales con ToughtWorks-Ecuador ni con Soporte Libre.
Los datos publicados por este portal constan en el proceso que se sigue contra Ola Bini. Lamentamos, de todas formas, cualquier equivocación.

Para ver la carta, haga clic aquí