Fiscalía de Ecuador rastrea aporte del ELN

El fiscal colombiano Francisco Barbosa llegó hoy 12 de febrero a Quito y entregó a su par, Diana Salazar, los archivos del comandante Uriel, del ELN, referentes a un supuesto aporte económico a la campaña del candidato del correísmo Andrés Arauz. La Revista Semana de Colombia denunció hace dos semanas que entre los dos millones de documentos hallados en los computadores de “Uriel”, abatido en octubre de 2020, se encontraron evidencias de la supuesto donación. El ELN ha cometido secuestros y extorsiones de comerciantes y empresarios en Ecuador, desde el 2000. Sin embargo, en 2017 el gobierno auspició los diálogos de paz entre jefes de ese grupo y autoridades colombianas, hasta 2018. Nota actualizada este 12 de febrero, a las 16:50.

Redacción Código Vidrio

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo narcoterrorista colombiano, utiliza Ecuador como centro de adoctrinamiento ideológico y político de niños y adolescentes, así como para cometer secuestros y extorsiones, especialmente en las provincias de Carchi e Imbabura, desde el 2000.

La Revista Semana de Colombia denunció, a fines de enero que entre los dos millones de documentos hallados en los computadores del comandante del ELN, Uriel, abatido en octubre de 2020, se encontraron evidencias de un supuesto aporte de 80 mil dólares a la campaña del candidato del correísmo a la presidencia, Andrés Arauz. Y también registros que indicarían presuntos contactos con el “señor del cinturón”, a quienes las autoridades colombianas identifican como el expresidente Rafael Correa, quien negó enfáticamente la denuncia y aseguró que era un montaje para afectar la campaña de Arauz. El candidato presidencial dijo que se trataba de «fake news».

En un comunicado divulgado desde Colombia el ELN también desmintió la supuesta donación a ese candidato.

La semana pasada, la fiscal Diana Salazar pidió a su par colombiana que dentro de un proceso de cooperación internacional le facilitara los archivos para abrir una investigación formal. Este viernes 12 de febrero el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, llegó al Ecuador y desde las 15:30 mantiene una reunión con Salazar, para hacerle la entrega formal de los archivos de Andrés Felipe Vanegas, alías ‘Uriel’, tercero al mando del ELN.

Barbosa le entregó a Salazar un informe completo sobre los hallazgos de la Fiscalía tras el análisis forense y desencriptación de los computadores incautados a ‘Uriel’. Esta diligencia es parte del trabajo conjunto contra organizaciones criminales que afectan los dos países.

La semana pasada, el presidente Lenín Moreno también anunció que pediría información a su par de Colombia, Iván Duque, sobre esos archivos. “Estamos a la expectativa que el presidente Iván Duque y el Gobierno (de Colombia) tenga la bondad de proporcionarnos todas la información, según la información que da Revista Semana todavía no están abiertos todos los archivos. No deja de estremecerme la información”, expresó Moreno.

No es la primera vez que el gobierno del exmandatario Correa, hoy prófugo en Bélgica, es denunciado por el financiamiento de grupos narcoterroristas colombianos. Desde el 2008 se conocieron los contactos de integrantes de su gobierno con comandantes de las FARC. Según testimonios de exjefes guerrilleros y subversivos desmovilizados, la campaña de Correa recibió fondos de las FARC, provenientes del narcotráfico, lo cual fue desmentido por el expresidente en su momento.


En un video grabado a mediados de la década del 2000, en el sector fronterizo de Carchi, integrantes del ELN aparecen adoctrinando a niños y adolescentes ecuatorianos.

El ELN ha llevado adelante una agresiva campaña de capacitación a través de la conformación de “escuelas de formación”, que incluye a niños y adolescentes de sectores marginales, de escasos recursos económicos. También ha tejido contactos con docentes de izquierda radical en universidades y entre algunos dirigentes indígenas y sindicalistas de corte extremista. Otro de sus fuertes es la formación de milicas urbanas.

Muchos de sus miembros han ingresado a Ecuador para cometer distintos delitos, especialmente el secuestro y la extorsión económica selectiva, así como el cobro de vacunas, a decenas de comerciantes, empresarios y hacendados ecuatorianos y extranjeros para incrementar sus ingresos.

Ecuatorianos, de entre 17 y 20 años, también han sido víctimas del reclutamiento forzado del ELN y enviados desde Carchi y Esmeraldas a campamentos en Colombia.

Pese a todos los delitos cometidos por el ELN en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa aceptó que el país sea la sede para la negociación y los diálogos de paz entre esa guerrilla y autoridades colombianas, desde febrero de 2017.

Los contactos secretos para concretar las conversaciones de paz empezaron tres años antes. En 2014, según confirmaron tres fuentes de Inteligencia militar, las autoridades pidieron a sus agentes que dejaran de hacer seguimientos a integrantes del ELN y de las FARC. Eso pese a que los miembros de Inteligencia militar son los que mejor habían mapeado a los contactos de integrantes del ELN y sus redes en Ecuador.

Desde 2017, el entonces presidente Rafael Correa dio paso a los diálogos de paz entre jefes del ELN y autoridades colombianas. Ese proceso terminó en abril del 2018, por decisión del presidente Lenin Moreno. Foto archivo

Regionalmente, con el apoyo de Venezuela y Cuba, el ELN ha copado espacios políticos y estratégicos para expandir su influencia, sobre todo luego de que las FARC firmaron el acuerdo de paz, en 2016.

Desde entonces, el ELN tomó control de muchas plantaciones y laboratorios de cocaína, en Nariño, al sur de Colombia, que antes estaban en poder de las FARC. Eso le permitió acceder a ingentes recursos que hoy financian su lucha armada.

Mientras la agenda pública del ELN en los diálogos en Ecuador era concretar los acuerdos, el guión oculto tenía otros objetivos. Buscaban, sobre todo, consolidar el proceso de expansión política y respaldo en sectores sociales ecuatorianos.

Durante las conversaciones, Pablo Beltrán, líder del ELN, mantenía reuniones, en abril de 2017, con el Frente de Comuneros del Sur, para buscar estrategias de fortalecimiento armado en la frontera con Ecuador.

Los diálogos y las reuniones de las cabezas del ELN eran monitoreados por la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI), integrada por oficiales de la Policía. Ellos realizaron escuchas y establecieron que líderes del ELN tuvieron conversaciones con Guacho y Cholo, cabecillas del Frente Oliver Sinisterra, disidetes de las FARC. Pese a esas evidencias, no hubo ninguna investigación penal.

En dos ocasiones el comandante “Uriel” también habría acudido a reuniones en el Palacio de Gobierno, en el contexto de los diálogos de paz, con el nuevo gobierno.

El proceso avanzó hasta abril de 2018, cuando la administración de Lenin Moreno anunció que dejaría de ser el anfitriona de los diálogos. Esto en respuesta a la muerte del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado en Esmeraldas y ejecutado en Colombia, por disidentes de las FARC.

La presencia de células urbanas entrenadas por del ELN también fue evidente en el paro indígena de octubre de 2019, según denuncias del Gobierno, en base a informes de las unidades de la Policía y el Ejército. Las milicias se camuflaron entre los manifestantes y utilizaron armas caseras, incluidos proyectiles artesanales.