Un año después de las protestas de octubre, aún no hay ninguna sanción disciplinaria ni una acusación penal en firme contra policías y militares, pese a que existen un centenar de denuncias por supuestos homicidios, lesiones, ataques y detenciones arbitarias. Tampoco hay responsables penalmente por todos los abusos contra cientos de policías y militares, secuestrados, ultrajados y agredidos por los manifestantes.
Redacción Código Vidrio
Las investigaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, así como por los secuestros y abusos contra miembros de las fuerza pública durante el paro indígena del año pasado caminan lentamente.
Aún no hay ninguna sanción disciplinaria ni una acusación penal en firme contra policías y militares, a pesar de que organismos internacionales exigieron al Estado una indagación ágil e imparcial sobre más de un centenar de denuncias por supuestos homicidios, lesiones, ataques y detenciones arbitarias.
Tampoco hay responsables penalmente por todos los abusos contra cientos de policías y militares, secuestrados, ultrajados, agredidos por los manifestantes.
Para defender y denunciar excesos y abusos contra los manifestantes se integró la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, un grupo que incluye a 18 organizaciones sociales, como la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu); Inredh o el Comité de Derechos Humanos (CDH).
Esta Alianza publicó dos informes sobre la movilización de octubre; el último se difundió la semana pasada: en sus conclusiones destaca que las investigaciones por las muertes, heridos y detenciones arbitrarias quedaron en el limbo.
“Las investigaciones han avanzado cuando se trata de personas civiles, entre ellas líderes indígenas y opositores políticos. Cuando son los agentes del Estado quienes están involucrados en los hechos, las investigaciones siguen sin producir resultados, demostrando una falta de debida diligencia del Estado en llegar a la verdad y en reparar a las víctimas”.
En cambio, Hugo Espín, especilista en temas de seguridad y orden público, recalca que el cometimiento de delitos contra policías fue evidente y flagrante, especialmente cuando ocurrió el secuestro en la Casa de la Cultura. “Vimos las imágenes de todos los abusos en vivo y en directo, pues los periodistas fueron obligados a transmitir lo que estaba ocurriendo. Personalmente las horas siguientes presenté una denuncia en la Fiscalía, pero no he recibido ninguna notificación sobre un avance”.
La muerte de un adolescente sin responsables
Una de las afectadas es la familia de Gabriel Ángulo Bone, un adolescente de 15 años. Sus amigos aseguraron que un policía gritó: “muere chucha de tu madre” antes de accionar el gatillo de su escopeta de gas lacrimógeno en su contra.
El 8 de octubre del año pasado, Angulo salió de su casa en Durán, Guayas, para protestar por el incremento de los combustibles. Entonces cursaba el octavo año de educación básica y vivía con su madre y sus hermanos.
Sus vecinos contaron que el muchacho junto a otros fueron a la avenida Nicolás Lapentti para esperar la llegada de las comunidades indígenas que lideraban las manifestaciones, el 8 de octubre.
Sin embargo, ellos no aparecieron y la protesta se desbordó. Locales comerciales y negocios del barrio fueron saqueados. Entonces, la Policía acudió a recuperar el orden: en el correteo Gabriel Ángulo cayó en una alcantarilla descubierta.
Al caer se lesionó una de sus piernas, por lo que solo pudo caminar hasta sentarse en la vereda. En ese momento, recordaron varios testigos, “llegó una patrulla motorizada con dos policías, el agente que acompañaba al conductor apuntó con una escopeta lanza bombas lacrimógenas y le disparó a una distancia de aproximadamente cinco metros”.
Pese al disparo, el adolescente se levantó y logró caminar algunos metros hasta desplomarse en el piso. Ningún policía lo socorrió, solo un vecino lo llevó en su moto al hospital Orasma González, donde los médicos no pudieron salvarle la vida: murió por una hemorragia interna.
La Alianza por los Derechos Humanos indica que la muerte de Ángulo no fue un caso aislado; en su archivo registra ocho muertes ocurridas en las manifestaciones.
En esa lista están Raúl Chilpe, Silvia Mera, José Chaluisa, Segundo Tucumbi, Abelardo Vega, Edison Mosquera y Gabriel Ángulo. Aunque en dos casos, de Chilpe y Mera, sostiene que ocurrieron en accidentes de tránsito que deben ser indagados.
La misma versión tiene la ministra de Gobierno, María Paula Romo. No obstante, ella recalcó que los decesos de Tucumbi y Mosquera fueron ocasionados por caídas y enfatizó que en ningún caso los policías usaron armas de fuego, siguiendo los protocolos del uso progresivo de la fuerza.
La Fiscalía de Durán abrió el expediente por la muerte de Ángulo, el 16 de octubre de ese año. Investiga un presunto homicidio, según Fernando Bastidas, activista de DD.HH. que monitorea esa investigación.
Abraham Aguirre, del Comité de los D.HH., dice que la Fiscalía solicitó un informe de los policías que estuvieron en el operativo, pero aún no ha recibido el listado.
La familia de Gabriel está convencida que murió por el disparo de la Policía. Su autopsia indica que falleció por una “hemorragia aguda interna, hemopericardio, laceración de corazón, trauma cerrado de tórax”. Como evidencia, su madre guarda una foto del pecho de su hijo con la huella clara de una quemadura de forma circular.
En la Fiscalía el resto de investigaciones también camina lentamente. El Ministerio Público abrió 819 procesos relacionados con supuestos delitos en las protestas de octubre pasado. 44 fueron para dilucidar la responsabilidad de policías y militares en supuestas violaciones de DD.HH.
LAS INVESTIGACIONES ABIERTAS EN LA FISCALÍA
Si en la Fiscalía los casos aún no se establecen responsables, lo mismo ocurre en las filas militares y policiales. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobierno ratificaron a este portal que no hay investigaciones casa adentro.
“No hay denuncias o quejas contra ningún policía dentro de la institución. Sin embargo, sobre este tema desde asuntos internos se revisaron los procedimientos, se actualizaron las directivas para que en caso de enfrentar un escenario similar se pueda mantener el orden”, respondieron desde el Ministerio de Gobierno.
Vivian Idrovo, integrante de la Alianza, dijo que el pedido para agilitar las investigaciones no solo nace desde las organizaciones nacionales, sino también desde organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Las dos caras de la medalla
Un equipo especial de la Comisión Interamericana de DD.HH. llegó a Ecuador para investigar las denuncias de los movimientos sociales: escuchó tanto a los civiles como a los policías y militares que fueron atacados.
El Ministerio de Gobierno informó que 435 gendarmes resultaron con lesiones durante los operativos de octubre pasado. Ellos fueron retenidos violentamente, golpeados e incluso hubo mujeres que denunciaron abusos sexuales.
Mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que 80 soldados fueron heridos y 255 retenidos.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental que el Estado impulse una investigación “diligente e imparcial” para sancionar a los responsables de los presuntos abusos.
En este sentido, recomendó que se debe capacitar a policías y militares en derechos humanos, desde una visión de interculturalidad y con la participación de representantes de las comunidades indígenas del país.
El Gobierno reconoce que el sistema de salud atendió a 1507 personas durante los 13 días del paro nacional. Muchos de ellos con lesiones permanentes luego de recibir el impacto de bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma y balas en sus cuerpos.
No se conoce quién disparó esos proyectiles, policías y militares salieron con esa dotación a controlar el orden público en octubre pasado. Las autoridades del Gobierno defendieron el uso de gases lacrimógenos, como una medida disuasiva permitida por la legislación internacional.
Sin embargo, su uso está regulado, por ejemplo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un pronunciamiento del 2015, la Comisión indica que este tipo de gases lacrimógenos no deben ser utilizados en espacios cerrados o frente a personas que no tienen una vía de desconcentración o evacuación.
La investigación política tampoco tiene resultados
La Comisión Legislativa creada para investigar los hechos de octubre no hizo un seguimiento de los denuncias de supuestas violaciones de DD.HH., parta lo cual fue creada. Su presidente, el asambleísta Fernando Burbano, integrante de la bancada de Integración Nacional, reconoció que no se han reunido desde febrero por falta de recursos.
Indicó que pidieron al Consejo de Administración del Legislativo (CAL) que le proporcionará el presupuesto para incluir en su equipo de trabajo a especialistas en DD.HH. Sin embargo, desde febrero no tienen una respuesta. Por eso, en este año solo se han reunido en dos ocasiones para recibir más denuncias de supuestas violaciones contra los manifestantes.
Esta comisión fue creada el 18 de diciembre del 2019 y tiene un año para investigar los hechos de octubre pasado. En los primeros meses de trabajo emitieron un informe aprobado por el Pleno de la Asamblea.
Entre sus conclusiones estableció “que no se cumplió a cabalidad la defensa de los DD.HH. por parte de ciertos elementos de la Fuerza Pública”. También señaló los ataques, incluso de tipo sexual, que recibieron los policías y militares durante los días de manifestación. Y las denuncias de discriminación racial y de xenofobia que ocurrieron en el país.
Este reporte, dijo Burbano, fue entregado al Ejecutivo y a los organismos de justicia que indaguen las supuestas violaciones. Pero, solo recibieron respuesta de la Fiscalía.
“Pedimos al Estado que haga una profunda investigación de los hechos, porque no podemos generalizar, se debe realizar una investigación particular de cada caso”, sostuvo el legislador.
Actualmente, la Comisión de Fiscalización lleva adelante un proceso contra la ministra de gobierno María Paula Romo, por los supuestos abusos contra los manifestantes. Los asambleístas tienen previsto recibir este sábado 31 de octubre a la funcionaria para escuchar su defensa ante la acusación de los legisladores Roberto Gómez (ex CREO) y Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana) que insisten en su censura.
La Comisión de Fiscalización atraviesa una etapa de relevo, luego de que se emprendieron su cambio por las denuncias contra sus antiguos miembros Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quienes están detenidos bajo los cargos de corrupción.
Esa mesa legislativa está conformada por dos asambleístas del correísmo, dos de la bancada oficialista Alianza PAIS, dos de CREO; dos del PSC; dos de Integración Nacional (BIN) y uno de de Acción Democrática (BADI).