Esposos ganaron $32 millones en contratos de Salud

Cinco contratos por $5,3 millones fueron entregados directamente a Pedro Chicaiza, para la adquisición de mascarillas, guantes, batas, sábanas y láminas, durante la emergencia por el covid-19. Él ha recibido $16,3 millones en contratos desde 2010, mientras su esposa, Katty Ortega, obtuvo convenios en el área de Salud pública por otros $16 millones, para proveer insumos médicos, con su empresa Improhosfar. Chicaiza es presidente de esa misma firma, pero, por cuerda separada, como persona natural, es el principal proveedor del Ministerio de Salud: obtuvo más del 30% de sus recursos por contrataciones, desde marzo pasado. En total, en esta emergencia la entidad hizo compras por $16,4 millones, hasta el 17 de mayo. Las autoridades de esa cartera de estado no han respondido a nuestros pedidos de entrevista.

Redacción Código Vidrio 

Los contratos con el Ministerio de Salud fueron una lotería para Pedro Chicaiza. Él es el principal contratista de esta entidad para enfrentar el coronavirus, a través del régimen de emergencia. Y ha sido un proveedor muy afortunado: desde 2011 ha recibido $16,3 millones por contrataciones.

A partir de abril, esta cartera registra cinco contratos a su nombre para adquirir mascarillas, guantes, batas, sábanas y láminas, que suman $5,3 millones. En total, la entidad hizo compras por $16,4 millones, entre marzo y el 17 de mayo, de forma directa. Por acuerdos de emergencia se gastaron más de $111 millones, en todo el sector público. 

Salud es el segundo mayor contratante durante esta pandemia. El primero es la Municipalidad de Guayaquil, con más de $17 millones.

Chicaiza es el principal proveedor de esa cartera: obtuvo más del 30% de sus recursos por convenios en régimen de emergencia.

Su esposa Katty Ortega también es una asidua proveedora, con su empresa Improhosfar, importadora y comercializadora de dispositivos médicos. Desde 2009 recibió $16 millones por compras de insumos médicos, la mayoría a través del régimen de subasta inversa. Esta firma fue creada por Chicaiza, quien es su actual presidente. Su pareja es la gerente y accionista mayoritaria.


Chicaiza es el principal contratista del Ministerio de Salud en esta emergencia

Chicaiza ha enfrentado seis procesos judiciales, desde el 2011. Ninguno llegó a sentencia ni sanción. Además, la Fiscalía lo indagó por una supuesta defraudación tributaria, pero el caso se aclaró y no se emprendió un proceso jurídico. Sin embargo, tuvo un impedimento de salida del país como consecuencia de un proceso coactivo de Aduanas del Ecuador, que estuvo vigente entre julio del 2017  y febrero de 2018.

En el portal de la entidad estatal no se puede acceder a detalles del proceso; pero, según Xavier Cuadros, abogado de Chicaiza, este caso se inició por una deuda que calificó como caducada y parte de un «proceso improcedente». “El problema es que mi cliente nunca fue notificado legalmente para defenderse en el proceso de conocimiento, sino que se enteró en el momento que le activaron la coactiva”.

Vinculación de empresas de los esposos fue advertida por el Sercop

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) advirtió de la vinculación entre las empresas de los esposos Chicaiza-Ortega. Esto ocurrió en el 2017 durante una subasta inversa para dotar de lencería quirúrgica estéril al hospital San Francisco de Quito, del Seguro Social.  En el concurso, Pedro Chicaiza participó a nombre de su empresa Tecmed, mientras que su cónyuge, Katty Ortega, por Improhosfar.

En la puja, Tecmed presentó la propuesta más económica para adquirir el contrato equivalente a $64.000. Improhosfar ofertó $76.000. No obstante, el equipo del Sercop detectó su vinculación y redactó un informe que detalla: “El representante legal Katty Ortega, del proveedor Improhosfar, es accionista mayoritario absoluto (50%) del proveedor Tecmed (…). El representante legal de Tecmed es Pedro Chicaiza Alvarado, accionista mayoritario absoluto (50.02 %) de Improhosfar”.

Y concluye: “los proveedores Improhosfar y Tecmed comparten el mismo accionista mayoritario absoluto Pedro Chicaiza Alvarado”. En 2019, para no tener ese impedimento, Chicaiza traspasó todas sus acciones de Improhosfar, que preside, pero siguió contratando a su nombre.

Al final del concurso, la empresa Famedic fue la ganadora. Según el Sercop fue escogida, a pesar de que no presentó la propuesta más económica, pero el análisis de vinculación eliminó a las compañías de Chicaiza.


Katty Ortega es la gerente de Improhosfar, que recibió $16 millones en contratos del Ministerio de Salud. Su esposo, Pedro Chicaiza, es el presidente de la firma. Como persona natural él ganó $16 millones más, para otras contrataciones de equipos en esa misma cartera.


Según los registros de Migración, ha realizado más de 50 viajes al exterior, en la última década, especialmente a Estados Unidos, Brasil, Perú y México. En los registros de la Agencia de Tránsito tiene 29 vehículos a su nombre.

Su abogado dice que en la empresa PG Medical su cliente mantiene a 100 empleados, no obstante las contrataciones en el Ministerio son con Chicaiza como persona natural, no con su compañía.

Los archivos de la Superintendencia de Compañías indican que posee acciones en dos empresas: PG Medical, creada en 2014, y Tecmed, que opera desde 2003. Y también fue accionista de Improhosfar, la compañía de su cónyuge.

“Es importante aclarar que el nombre Pedro Giovanny Chicaiza Alvarado / PG Medical es el nombre comercial que he usado desde el inicio de mis actividades comerciales, con mi RUC (Registro Único de Contribuyentes) de persona natural”, resalta.


Los esposos Chicaiza-Ortega crearon sus empresas en Guayaquil, donde residen

 


El RUC de Chicaiza es 0911729457001 y el de PG Medical, constiuida el 2014, tiene el número 0992862424001. Los estados financieros de la empresa no registran ninguna operación de ingresos o egresos económicos, hasta el 2018, último año descrito en los archivos de la Superintendencia.

Las tres son compañías familiares, creadas con la participación, especialmente de Ortega y otros parientes, en la rama de insumos médicos.

Las ganancias de Chicaiza crecieron en los últimos siete años. Según informes del Servicio de Rentas Internas, desde el 2002 al 2008, él pagó un máximo de $168 por Impuesto a la renta; luego subió a $94.000, en el 2012; un año después declaró $167.776, su más alta tributación. El año pasado declaró más de $139.000. “Soy uno de los mayores contribuyentes  de impuesto a la renta, a título personal y empresarial”.

Su centro de operaciones está ubicado en la avenida Domingo Comín, en Guayaquil. Su portafolio de productos  incluye rollos y compresas de gasas; ropa y lencería quirúrgica descartable, mallas de prolipopileno.


Detalle de todos los contratos adjudicados a Pedro Chicaiza y su esposa en Salud, por subasta inversa y régimen de emergencia, desde 2009. Fuente Sercop


Chicaiza aseguró a este portal que todavía no ha recibido ningún pago del Ministerio, aunque ya entregó todos los insumos comprometidos. Los contratos fueron firmados en abril pasado: cuatro se concretaron en los primeros 14 días del mes.

Con la declaratoria de la emergencia en marzo, el Ministerio de Salud estaba apremiado por adquirir todo tipo de insumos y abrió adquisiciones directas para comprar mascarillas, guantes, batas, sábanas y telas empañadas de alcohol, sin consurso.

En todos participó Chicaiza. El más importante fue la venta de 6,9 millones de mascarillas quirúrgicas, por $4,5 millones. El valor unitario por cada producto fue de 0,65 centavos, superior al que pagaron otros hospitales públicos, como el de Otavalo y de Azogues, de 0,45 y 0,50 centavos, respectivamente.

En estas cantidades, cada centavo puede hacer un gran diferencia. A un costo de 0,50 centavos, el Ministerio se habría ahorrado cerca de un millón de dólares. Habría pagado $3,4 millones.

Este portal consultó a la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim) si conocía la trayectoria de Chicaiza. Respondieron que no era parte de la Asociación y que tampoco lo conocen. Este gremio se mostró preocupado porque personas naturales y jurídicas, que no cumplen con los requisitos, ganaron los concursos para dotar de insumos a las casas de salud públicas durante esta pandemia. Este problema no es nuevo. Según la Asedim, el año pasado entregaron un listado a la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, para alertarle sobre la entrega de contratos a personas y empresas que no cuentan con permisos de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa).

Se estrecha el cerco a los proveedores únicos

Silvana Vallejo, directora del Sercop, impulsa el proyecto de Datos Abiertos para que cualquier persona pueda acceder a la información de todas las contrataciones en el sector público.

Uno de los principales problemas en las adquisiciones de emergencia, detectados por el Servicio de Contratación Pública (Sercop), ha sido precisamente el de proveedores únicos. Hasta el 2019 se ubicaron 680 proveedores únicos de productos específicos; la mayoría ha sido eliminado, para fomentar la participación de más empresas y personas naturales, con una puja, que reduzca los costos, dijo Silvana Vallejo, directora del Sercop.

Hasta el año anterior, el 73% de los contratos tenía proveedores únicos. Hoy el 63% de procesos cuenta con más de dos oferentes. Esto ha significado para el estado un ahorro de 390 millones, según Vallejo. 

“Cada centavo es importante. Un ejemplo es un contrato que realizó la Agencia Nacional de Tránsito para adquirir placas”. Se identificó que había un solo oferente, pero al invitar a más participantes se logró una rebaja de unos pocos centavos, que al final representaron un ahorro de 700 mil dólares.   

Un comité analizó 16 propuestas 

16 empresas hicieron ofertas para las mascarillas en el Ministerio de Salud. Sus propuestas fueron analizadas por un comité conformado por Alexandra Campoverde, Jacob Flores y María Santillán, funcionarios de esa entidad.  El 2 de abril pasado entregaron su informe y justificaron que el precio de las mascarillas fue superior al establecido en la proforma porque la demanda de los insumos elevó su precio por la pandemia.

Pedro Chicaiza fundó Improhosfar en el 2002. Hoy su esposa es la principal accionista y gerente, mientras él preside la compañía, que es proveedora del Ministerio de Salud.

El comité recomendó la adjudicación a Chicaiza, ya que en su propuesta aseguró que entregaría inmediatamente más de dos millones de mascarillas. El primer paquete fue de 1,4 millones con elástico para ajustar al rostro y 70.000 con tiras de tela. El resto lo entregaría cada semana, hasta completar los seis millones.

Este plazo terminó viernes 14 de mayo, un mes después de la firma del contrato. Chicaiza aseguró que cumplió lo acordado y entregó todos los productos. Sobre el costo unitario de las mascarillas dijo que no se  puede realizar una comparación superficial. “Hay que conocer los productos y sus características para hacer las comparaciones”.

“Respecto a las mascarillas quirúrgicas es importante determinar si los filtros y tipos de tela cumplen con los estándares de calidad que aseguren una protección adecuada para proteger en esta emergencia sanitaria”, recalcó mientras explicaba que todas sus mascarillas, que son importadas, tienen tres capas y filtro de protección, y que sus precios son menores al mercado actual.

Desde la semana pasada (martes 12 de mayo), las autoridades del Ministerio de Salud no han respondido a nuestro pedido de información sobre el cumplimiento de este convenio y por qué adjudicaron el millonario contrato a una persona natural relacionada, a su vez, con otras empresas, que también han obtenido contratos por subasta inversa. Pedimos una entrevista con el ministro Juan Carlos Zevallos, pero su equipo de comunicación dijo que una comisión técnica contestaría.

A los trabajadores de salud les faltan insumos de protección

Los presidentes de los colegios médicos de Guayas y Pichincha se sorprendieron con la información de la cantidad de mascarillas adquiridas por el Ministerio.

Según Víctor Álvarez, de Pichincha, aún persisten las quejas de los trabajadores de la salud por la falta de insumos para su protección. Aseguró que existen hospitales que ordenaron que se use la mascarilla de tela durante toda la jornada laboral, cuando la norma internacional dispone un máximo de 4 horas y luego debe ser desechada.

A fines de abril, el personal médico del hospital Eugenio Espejo, realizó protestas para exigir equipos de protección para enfrentar la pandemia.

Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Guayas, dijo que uno de los principales problemas que afrontan los profesionales de la salud es la falta de implementos para su protección. Por eso el Colegio de Guayas pidió a las autoridades que hasta que no se complete la dotación de estos insumos no se levante el semáforo rojo de la cuarentena.

Sin embargo, el ministro Zeballos, en una cadena el 13 de mayo, expresó que durante los dos próximos meses está garantizada la dotación de equipos de protección a médicos y enfermeras. Especialmente en Pichincha, donde el pico de contagios está elevándose.

La fórmula ganadora de Chicaiza

Para los otros cuatro contratos, Chicaiza tuvo una fórmula ganadora: garantizar la entrega inmediata de los productos y en la cantidad que pida el Ministerio. Eso ocurrió con el acuerdo para entregar 4,2 millones de guantes (de examinación de látex, quirúrgicos y de examinación de nitrilo).  Chicaiza dijo que entregó todos los insumos inmediatamente.

El contrato fue por $526.759. La comisión técnica también explicó que los precios del producto se elevaron de sus promedios históricos por la falta de stock en el país y en el extranjero.

Lo mismo sucedió con la dotación de batas para protección de los trabajadores de la salud y de sábanas para los hospitales del país.  En el primero debió entregar 23.719 batas de talla grande a un valor unitario de $2,99, un dólar más del presupuesto referencial que el propio Ministerio elevó por la crisis del coronavirus.

Este convenio costó $70.913 y la ropa de protección fue entregada. Sin embargo, el Ministerio tuvo que realizar otro proceso de adjudicación para dotar de 60.000 batas de talla mediana. Este fue entregado a Pedro Quimis, por $216.000.

La dotación de 25.473 sábanas de una plaza y plaza y media también fue adjudicada a Chicaiza. El costo de este convenio fue de 57.710 dólares. Él aseguró que entregó ese material al Ministerio de Salud, pero que aún no recibe los pagos por ninguno.

El último contrato fue para dotar de 3.464.909 láminas impregnadas de alcohol. Este convenio fue suscrito el 30 de abril por $225.219.  En este proceso, Chicaiza presentó la oferta de 0,65 centavos por unidad.

Cuatro días después de la firma de este convenio, el Ministerio suscribió otro para recibir medio millón de láminas. El precio por unidad fue de 0,55, es decir más económico que el firmado con Chicaiza.

18 comentarios en “Esposos ganaron $32 millones en contratos de Salud”

  1. En épocas de pandemia en esta emergencia sanitaria es increíble como la gente lucra con el dolor, la enfermedad en un país destrozado por la corrupción, la ignorancia y el negocio de la politica

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  2. Poco a poco y gracias a una investigación de calidad se van desenmascarando las peores redes de corrupción de la historia.
    Felicitaciones al equipo de investigadores que dan un enfoque claro y real de la situación en en país.

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    • Así es como deberían trabajar todos los comunicadores sociales y no prestarse a tapar a todos estos corruptos q a costilla y dolor del pueblo Ecuatorianose están enriqueciendo seguro que ahí la señora Fiscal no hace nada.
      Felicitaciones por la labor q Uds están realizando de informar a la ciudadanía de los grandes robos q hacen a vista y señal de Lenin Moreno.

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  3. los departamentos de compras de las entidades públicas son los causantes de estos sobreprecios, ya que en contubernio con las empresas se ponen de acuerdo de antemano para presentar las cotizaciones, esto es voz populi en dichos departamentos.
    Y vean ustedes que persona que entra a trabajar en el dep. de compras tiene vehiculo y a los 6 meses de trabajo ya posee un gran vehiculo muchas veces de marca.,

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  4. Considerar que importador 0911729457001 importa mascarillas KN95 sin cumplir reglamento de norma inen 181 y son de uso civil y no médico, revisar las cajas y hoja técnica. Y así vende a instituciones públicas las mismas que deben revisar o hay algo entre manos?

    Anonimus

    Senae DAI 055-2020-10-00295985

    REVISAR URGENTE !!!

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  5. La exclusividad en la adjudicación de contratos a un solo proveedor, denota indicios de CORRUPCION, … para cuando la acción de la Fiscalía???

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  6. Deben prohibir a estas empresas y personas naturales en volver a contratar con el estado y y si existe sobreprecio prisión y devolución de el dinero

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  7. Es una pena contar con personas iniscropulosas, que más les interesan sus jugosas ganancias que la salud del prójimo y el dolor.

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  8. Por el amor de Dios, agan justicia que esto sirva de escarmiento para éstas personas hinumanos y pare el ladronismo, !que indignación¡.
    Dios y el pueblo les agrádeseremos.

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  9. Vemos como estos millonarios contratos se dan antes del 2017 y se mantiene aun, es decir la corrupción estuvo y sigue estando incrustada en el sector público. Y que aun con informes y denuncias no se ha hecho nada. ¿Donde está la famosa cirugia a la corrupción??? Este gobierno ha sido el peor, el más corrupto.

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  10. Contraloría con tres veedores ciudadanos distintos debe auditar las adquisiciones realizadas por los Alcaldes, durante la Pandemia, en especial en ciudades grandes, ejemplo Quito.

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  11. Dejémonos de hipocresías… TODOS hicieron su agosto en esta PANDEMIA del más pequeño al más grande en INSUMOS MÉDICOS y a nivel de ATENCIÓN PÚBLICA una persona natural aprovecho la situación y con consentimiento de dicha entidad… De ahí sobre precios ya habría que investigar a todos que tienen NEGOCIOS personas naturales distribuidoras e importadores… Lo cual quedará en el olvidó… Entonces para que tanta bulla… lamentablemente así son las LEYES ECUATORIANA..un fiasco

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  12. y estos empresarios y «esposos» pagan sus impuestos debidamente? porque el estado lo primero que debe hacer es pedir al SRI de manera directa un certificado que el contratista se encuentra al día con sus obligaciones del IVA y del IMPUESTO A LA RENTA y debe pedir otro certificado a la central de crédito para saber si es una persona que cumple con sus deudas y además otro certificado a la funcion judicial de que el contratista no se haya encausado en ningun tipo de demanda judicial, sólo así se asegura el estado que estan contratando gente proba, YA BASTA DE BENEFICIAR A DEDO a ciertos individuos, porque estoy seguro que parte del dinero receptado por los contratos va a manos de los que pusieron la orden de compra…. o no?

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  13. Felicitaciones para el grupo que investigó de forma clara y acertada los procesos adjudicados bajo la modalidad de régimen especial donde se revela Incrementos de precios que afectan los escuálidos presupuestos de la salud pública.
    Esperemos que se den resultados finales que corrijan precios y pagos reales del costo de los insumos que se adquieren en esta Pandemia.

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  14. Mi esposa trabajo 11 años para la empresa Tecmed para el Sr.Pedro Chicaiza y su esposa Kathy Ortega quien dice ser Cristiana de muchos años , y la despidieron con $500 dólares y aplicaron el bendito artículo 169 literal 6 , mientras la empresa sigue trabajando.
    Hoy han cambiado la razón social de la empresa con otro nombre. Pedro Chicaiza converso por teléfono con mi esposa, dándole su palabra que le había ayudar porque el es un hombre justo y que la volvería a contratar. Hace dos semanas cambio su número de teléfono y no sabemos que hacer. Actualmente recortaron los sueldos a sus trabajadores a $220 dólares mensual. Gracias a los profesionales de la comunicación por este excelente trabajo. Hoy mi esposa sufre de artritis y dolores de espalda por haber dado su vida en la empresa del Sr.Chicaiza y Sra.Ortega . Confiamos en Dios y la justicia divina , seguiremos adelante con nuestras vidas , pero seguro que un día todo lo que el hombre siembra cosechará.

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