Epidemióloga avaló 1.985 carnets dolosos de discapacidad desde 2013

Entre 2013 y 2019, la doctora Sandra B. aprobó en dos centros médicos de Guayaquil la entrega de 1.985 carnets de discapacidad que no tenían documentos de respaldo, plagados de irregularidades. Las principales inconsistencias se detectaron en el registro del nombre de la persona que cada solicitante refería como contacto, así como en los informes técnicos. Daniel Salcedo, su hermano y amigos obtuvieron sus documentos, en el centro médico Cisne II, para intentar evadir el pago de impuestos al importar vehículos de lujo. El Ministerio de Salud presentó denuncias en Fiscalía contra tres funcionarios, Salcedo y su hermano.

Redacción Código Vidrio

La doctora Sandra B.M. es un eslabón clave en la cadena de corrupción armada para la entrega de carnets adulterados de discapacidad en el Ministerio de Salud.

La especialista es una epidemióloga, con más de diez años de experiencia en esa cartera, encargada de calificar y autorizar la entrega de los documentos en Guayaquil, según informes internos de esa cartera a los cuales Código Vidrio tuvo acceso.

En el memorando MSP-2020-0606, del 26 de junio, suscrito por Lissete Tapia, directora Nacional de Discapacidades, y en el informe técnico de la Comisión de Monitoreo de esa entidad, se detalla que Sandra elaboró, recalificó y acreditó certificados, entre el 2013 y 2019, elaborados en las unidades calificadoras del Centro de Salud 28 de Febrero y Santiago de Guayaquil.

En total, en este período, la especialista aprobó 1.985 carnets de discapacidad que no tenían documentos de respaldo, y estaban plagados de inconsistencias e irregularidades, especialmente en el registro del nombre de la persona que cada solicitante refería como contacto, así como en los informes de respaldo.

Esta funcionaria fue parte de los equipos médicos del Centro 28 de febrero, ubicado en el callejón P. del Guasmo Sur y, luego, en el Santiago de Guayaquil, en la calle Nobol del suburbio portense.

Francisco Pérez, coordinador de la Zonal 8 del Ministerio de Salud, denunció en la Fiscalía que las primeras sospechas se encendieron luego de una auditoría de la Comisión Nacional de Monitoreo y Control de la Dirección de Discapacidades, realizada el 26 de junio pasado.


La epidemióloga Sandra B. trabajó en los centros médicos Santiago de Guayaquil, en la calle Nobol del suburbio, y 28 de febrero, en el callejón P. del Guasmo Sur. Aprobó la entrega de 1985 carnets de discapacidad. Es investigada por Fiscalía. 

 

En esa inspección se detectó que los certificados de esos dos centros de salud tenían “discrepancias e irregularidades”. Las principales fueron:

  • Inconsistencias en los nombres de la personas que se anotaron como contacto y respaldo de la calificación
  • Inexistencia de documentos cargados en el sistema
  • Documentos de PDF escritos con palabras sin sentido y otras referencias que no cumplieron con el Manual para Calificación de Discapacidades

Pedimos la versión de la doctora Sandra B., pero no respondió a nuestra consulta.

Hoy su caso está en manos de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía de Guayas, que inició una investigación previa reservada, por una denuncia formalizada por las autoridades del Ministerio de Salud, ante supuestos delitos de falsificación y uso de documentos falsos.

La funcionaria de Salud, según las investigaciones preliminares, sería parte de una red donde también participaron más empleados públicos, que, a cambio de pagos, que oscilarían entre 1.000 y 2.000 dólares, facilitaban los carnets a quienes no tenían una discapacidad.

La fiscal Diana Salazar anunció que en este caso iniciará una investigación por delincuencia organizada. Por lo pronto, se trata de identificar a los responsables de la entrega anómala de los documentos, especialmente utilizados para acceder a beneficios como la importación de vehículos lujosos, exonerados de impuestos.

El ministro de Salud Juan Carlos Zevallos pidió que se formalicen las denuncias en la Fiscalía.

Entre quienes obtuvieron el documento hay funcionarios, futbolistas, asambleístas, alcaldes y jueces. Pero no todos se han beneficiado de exoneraciones para importar autos.

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), en el país hay 485.000 personas con discapacidad, que tienen esa credencial. El 25 % está en Guayas y el 15,9 %, en Pichincha.

Familiares de ecuatorianos con estos problemas de salud han denunciado estos días lo complejo y engorroso que es obtener una certificación. En general, más de un año transcurre en el proceso para calificar a este documento, porque los aspirantes deben someterse a múltiples evaluaciones y citas médicas con especialistas. Por eso, en el camino, muchos desisten, aunque saben que el carnet les facilita acceso a un bono, la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje de boletos aéreos, para buses urbanos e interprovinciales. El 2019, el Gobierno destinó para estos beneficios 63,3 millones de dólares.

Las primeras evidencias de la corrupción en la entrega de estos documentos aparecieron hace dos semanas, tras la captura de Daniel Salcedo, implicado en casos de corrupción en las contrataciones de los hospitales del IESS en Guayaquil. Luego de su detención se conoció que usó un carnet de discapacidad para importar un vehículo Toyota Sequoia Platinum en 60.000 dólares, que en el país cuesta 100.000.

La cifra de documentos adulterados aún no es exacta. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que se comprobaron 2.281 documentos ilegales. Sin embargo, este número puede crecer luego una revisión del sistema que abarcará los últimos siete años. En esta inspección se incluirán los 3.000 carnets entregados durante la emergencia por el Covid-19.

Para evitar el mal uso de los carnets, el presidente Lenin Moreno anunció varias medidas, entre ellas la suspensión momentánea de la reducción de aranceles para vehículos importados por personas con discapacidad. También dispuso la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos y solicitó una auditoría del Ministerio de Salud.

Salcedo obtuvo su certificado en Cisne II

El Ministerio de Salud confirmó que Daniel Salcedo, su hermano y sus amigos consiguieron certificados de discapacidad ilegalmente. Esta semana sus autoridades presentaron una segunda denuncia en la Fiscalía de Guayaquil.

El uso ilegal de carnets de discapacidad se conoció luego de la detención de Daniel Salcedo, implicado en negociados en hospital del IESS, en Guayaquil.

Según informes de Salud, Salcedo obtuvo su carnet el 2 de febrero del 2018 en el Centro de Salud Cisne II de Guayaquil. Él fue presuntamente chequeado por la doctora Jéssica S., quien certificó que tenía una discapacidad del 41%, auditiva/física, en grado moderado.

Al revisar nuevamente su documentación se verificó que no existían los informes médicos que certificaran técnicamente el porcentaje de discapacidad señalado en su registro.

Este año, Salcedo intentó importar desde Estados Unidos un vehículo de lujo usando el documento, pero las autoridades de la Aduana no aprobaron el trámite por varias discrepancias.

Su hermano, Noé Salcedo, también consiguió su carnet de discapacidad. Certificó el documento en el Centro de Salud La Victoria de Guayaquil, el 20 de enero de este año. Él presuntamente tenía una discapacidad del 42%, física/visual.

Dos funcionarios del hospital del IESS involucrados

El Ministerio de Salud también denunció por este caso a César Rodríguez y Karla Cárdenas, amigos y empleados del hospital Teodoro Maldonado del IESS. Ellos también obtuvieron su certificado de discapacidad. El primero lo hizo en el Centro de Salud Cisne II, a donde había acudido Salcedo. Allí certificaron que tenía 36% de discapacidad física/auditiva.

En cambio, Cárdenas acudió al centro de salud 28 de Febrero: obtuvo el certificado de 48% de discapacidad física, sin ninguna prueba documental de respaldo.

En esta trama también aparece José Enriques, ex asesor de Dalo Bucaram, quien fue jefe de la unidad de contrataciones del hospital Teodoro Maldonado. Es investigado por aprobar los pagos de los contratos de Salcedo.

En 2018, Enriques obtuvo su carnet de discapacidad, en el centro de Salud Cisne II. Allí certificaron un 41% de discapacidad auditiva.

Por lo pronto, Salud suspendió la entrega de certificados, hasta terminar la auditoría. El ministro Zevallos dijo que el objetivo es hacer una purga, mejorar los procedimientos para conseguir este documento y emprender una recalificación de todos los sospechosos, sin perjudicar a quienes realmente lo necesitan.

3 comentarios en “Epidemióloga avaló 1.985 carnets dolosos de discapacidad desde 2013”

  1. Buenas tardes en diciembre del 2018 la fiscalia N14 dio la orden de coger preso a 5 cuidadanos que se dedicaban a falsificar carnet de discapcidad, ellos les ponian mi nombres completos y el de unas 2 personas mas, el distrito 4 febres cordero salud donde trabaje hasta marzo (Ya que ellos me despidieron por lo de los carnet dejandome sin sustento para mis hijos siendo yo inocente y se los mostre pero ellos querian darle a la zona 8 un nombre y como yo no tengo dinero para pagarles dieron mi nombre y me desvincularon), el distrio me puso una denuncia donde segun yo le habia dado un carnet de discapacidad a una señora justo el 19 de agosto del 2018 (domingo) donde yo me encontraba dando a luz a mi tercer hijo en el hosiptal del iess de los ceibos, y ahora me vengo a enterar que fue la dra Sandra Bastidas y Jessica Suarez que hacian cosas chuecas, y yo perdi mi trabajo por culpa de ellas

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  2. La decisión del Ministro Zevallos, es una más, de las que atentan a la dignidad del beneficiario, obligándolo a mendigar el reconocimiento de sus derechos, mientras buscan poner cortina de humo para tapar los robos cometidos por sus amigos que no pudieron disimular su codicia y solo por justicia divina sale a la luz pública. mientras los corruptos, disfrutan del botin robado , los verdaderamente necesitados tendrán que esperar. Lo justo sería, cadena perpetua, también para los que otorgaron los carnés.

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  3. El sistema de salud ha estado en manos de delincuentes organizados y porque antes estas irregularidades no salieron a luz, además se debe investigar el caso de muchas personas que se jubilaron por estar incapacitados, el certificado debe haberse conseguido por tener un médico amigo y que trabajaban en el IESS, esto es delito debe levantarse una autorización para su investigación, pero que se castigue a los que cometieron estos delitos

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