El Defensor recibe duras críticas y contraataca

El Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, es le foco de duros cuestionamientos desde el Gobierno. Este martes 23 de marzo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín defendió la tarea disuasiva de las Fuerzas Armadas durante el paro de octubre de 2019, y dijo que era absurda la calificación del Defensor  del cometimiento de supuestos delitos de lesa humanidad. Precisamente, Carrión presentó ayer una demanda en la Fiscalía para que se investiguen las violaciones a los DD.HH. durante el paro de octubre 2019.

Redacción Código Vidrio

El gobierno choca con la Defensoría del Pueblo a la que acusa de sesgada, en medio de la campaña electoral para la Presidencia.

Ayer el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una demanda en la Fiscalía para que se investiguen los supuestos delitos cometidos en el paro de octubre de 2019 por funcionarios del gobierno, incluido el presidente Lenin Moreno; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otros oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Jarrín convocó ayer, 23 de marzo, a la prensa para especificar la labor que cumplieron los militares. “Las Fuerzas Armadas no actuaron en lesa humanidad. No ha habido asesinatos ni torturas ni desapariciones. Es infame que digan eso. Los militares estuvieron apoyando a la Policía, en el marco del Estado de Excepción”.

El Ministro hizo referencia al decreto expedido por Moreno, luego de que se activara la protesta por el incremento en el precio de los combustibles en octubre del 2019. En el contexto de la protesta  hubo, al menos, seis fallecidos, más de 200 heridos, así como la destrucción de bienes públicos como la Contraloría; la toma de pozos petroleros; gobernaciones y carreteras. Decenas de policias y militares fueron heridos, vejados, secuestrados.

Según Jarrín, para esta tarea los militares nunca usaron armas letales sino equipo antidisturbios.  “No se disparó un solo tiro”, recalcó. En su intervención recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía enfrentaron una protesta sin precedentes en el país. Por ejemplo, habló del uso de máscaras antigases; de bazucas caseras; de escudos para sus lanzadores.

La violencia fue tan radical -destacó- que destruyeron tanquetas de los militares e incluso atacaron un cuartel, porque los manifestantes creían que ahí estaba el presidente Lenin Moreno. “Todo eso configura un plan de ataque militar, que incluía una logística, y dirigencia con una planificación sistemática”, con apoyo de centros logísticos.

El Ministerio de Gobierno también respondió al informe de la Defensoría, presentado la semana pasada. En un comunicado ratificó que no hubo violaciones a los derechos humanos. “Los acontecimientos de octubre se dieron un contexto de extrema violencia en la que la Policía actuó para mantener el orden y el imperio de la Ley”.

En el paro grupos de manifestantes tenían bazucas caseras y escudos, lo cual según el Gobierno es evidencia de una planificación de un ataque de tipo militar. Foto archivo

El informe de la Defensoría -según el Gobierno- no confirmó el uso de armas de dotación policial en la muerte de los manifestantes. “No existen elementos, indicios ni pruebas que permitan sugerir que se hayan registrado situaciones bajo los parámetros internacionales de Derechos Humanos, que pudieran calificarse como crímenes de lesa humanidad”.

Para las autoridades de Gobierno y Defensa el informe de la Defensoría es parcializado. Por ejemplo, lo cuestionan por no incluir a los policías heridos y que representan un tercio de los afectados. Además, revelaron que dos miembros de la Comisión Investigadora dejaron el trabajo porque no estuvieron de acuerdo con la redacción del informe.

Las denuncias de la Defensoría

Sin embargo, para la Defensoría hay serios indicios que desde la autoridad política, militar y policial se actuó sistemáticamente para atentar contra los derechos de miles de ecuatorianos que salieron a las calles a quejarse por la subida de los combustibles. Por eso, Carrión pidió a la Fiscalía que los investigue penalmente, y que impida la salida del país de Moreno y otros denunciados.

Durante el paro de octubre hubo decenas de heridos entre los manifestantes y también de integrantes de la fuerza pública. Vándalos atacaron ambulancias y otros inmuebles. Foto archivo

La Comisión identificó seis presuntas ejecuciones extrajudiciales y más de 200 violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Lo hicieron con base en testimonios y pruebas documentales.

El “Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia”.

En ese sentido, recalca que “la muerte de una persona puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”.

Según la Defensoría, las personas que murieron directamente por acciones de la Fuerza Pública fueron Marco Oto, José Chaluisa, Édison Mosquera, GA (un menor de edad), Segundo Tucumbi y Édgar Álvarez.  Además, menciona en acciones relacionadas con la protesta de octubre perdieron la vida Ángel Chilpe, Francisco Quiñónez, Silvia Mera; Mónica Castro; un menor identificado como KF y Abelardo Caisaguano.

La Comisión también establece que “el discurso de autoridades de Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos”.

Se detectaron 123 supuestas violaciones al derecho a la integridad persona; 38 al derecho a la libertad personal; 22 atentados contra el derecho a la vida; 3 de violencia sexual, y 20 personas que sufrieron lesiones oculares.