Constructora china vendió insumos médicos; pruebas rápidas proliferan como golosinas

Los últimos cinco años, 433 proveedores de productos médicos que no tienen permisos de operación ni almacenamiento de la Arcsa ganaron contratos públicos por 491 millones de dólares. Entre las compañías que recibieron los convenios más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, que construye carreteras, puentes y hospitales. Obtuvo 7 millones por la venta de insumos de salud y fue parte del consorcio que edificó el hospital del IESS en el sur de Quito, por $206 millones. Mientras tanto, la venta de pruebas rápidas se expande sin control, ante la falta de controles, causando la proliferación del virus por falsos negativos. Estos tests no sirven para diagnosticar el coronavirus, según alertó la OMS en abril, pero ese mes la autoridad sanitaria importó cientos de miles. Sin embargo, incluso se venden por redes sociales, y los empleadores las piden como requisito para volver al trabajo.

Redacción Código Vidrio

La corrupción y los negociados millonarios en las compras públicas de salud tienen un patrón recurrente: la adjudicación a proveedores que no tienen permisos para comercializar insumos médicos y que se dedican a actividades totalmente distintas a las de salud.

Los últimos cinco años, 433 proveedores que no tenían permisos de funcionamiento ni almacenamiento ganaron contratos por 491 millones de dólares, según información que recabamos en el Servicio de Compras Públicas (Sercop).

Esos proveedores participaron y ganaron en 54.574 procedimientos de compras. El monto mayor, 315 millones de dólares, se adjudicó a través de subastas inversas, es decir un concurso entre varios oferentes, donde se han presentado casos recurrentes de supuesta corrupción.

Esos vendedores no tienen una licencia de establecimiento farmacéutico ni certificado de buenas prácticas de almacenamiento, distibución y transporte, requisitos obligatorios para contratar con el estado.

Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), confirma que ninguno de los 491 proveedores de dispositivos médicos (de un total de 898 adjudicados), tiene el permiso de funcionamiento expedido de establecimiento farmacéutico de la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Ese requisito está establecido en la Ley de Salud, pero no ha sido exigido ni verificado por las autoridades de control, en la última década.

Tampoco el Sercop ni Arcsa han relizado un control sistemático sobre esos proveedores, que en realidad importan más del 95% de insumos. “Entre los organismos de control no hay coordinación para atacar e impedir esas prácticas ilegales”, subraya Murgueitio.

En los casos denunciados, la cadena de irregularidades empieza con la entrega del Registro Único de Proveedores en el Sercop. Para extender el documento, que habilita a cualquier persona o empresa a participar en las compras públicas, el Servicio de Contratación solo les exigió a los proveedores la cédula de indentidad, sin una verificación del cumplimiento de otros requisitos exigidos por Arcsa.

En julio del año pasado, la Asedim entregó el listado con los vendedores de insumos que no tienen permisos a la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. No obstante, Andramuño ni otras autoridades a las que han enviado comunicaciones respondieron a sus pedidos ni han hecho correctivos.


Adjudicaciones a proveedores sin permisos de Arcsa

 

Pedimos una entrevista a Andramuño, pero no contestó a nuestra solicitud.

En entrevista con Código Vidrio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que precisamente ante la serie de irregularidades y negociados denunciados en las compras de salud, tras su llegada a esa cartera, a fines de marzo, decidió eliminar las compras por emergencia y pasar al régimen común de contratación. En este esquema se efetúan concursos abiertos para la puja de varias empresas y se siguen todos los pasos que exige la Ley. Desde el 18 de mayo, inclusive, un equipo de la Contraloría acompaña al personal de Salud en los procesos de contratación, recalcó Zevallos.

Ante la insistencia de Asedim, el 7 de febrero pasado la entonces directora del Sercop, Silvana Vallejo, envió un comunicado a los responsables de compras públicas y de las entidades contratantes para exigir el cumplimiento de las normas, pero las irregularidades persisten, según pudimos constatar.

Constructora china de carreteras vende insumos médicos

Entre las compañías que recibieron los contratos más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, sucursal de la mega empresa estatal China  Railway Engineering Corporation, cuya línea de actividad incluye la construcción de ferrocarriles, carreteras, puentes, túneles, vías urbanas, obras municipales y construcción de viviendas.

China Railway First Group fue constituida como empresa en abril del 2014. Aunque su razón social es la construcción de carreteras, tendido de tuberías y la contratación de estudios de topografía, es la firma que obtuvo más ingresos entre los 433 proveedores observados sin permisos.

Entre 2016 y 2017, ganó más de 7 millones de dólares por la venta de insumos médicos a entidades públicas de salud. Le siguen Ortopedia Médica Ormedic CIA. (4,5 millones). Gammaic (4,3 millones), Andinamedical (3,9 millones) y Optimedic (3,6 millones).


Página oficial de la empresa estatal china en Internet


La compañía tuvo en 2018 un patrimonio de 862 mil dólares. Al revisar sus registros en la página de la Superintendencia de Compañías constatamos que no tiene accionistas, tampoco un presidente ni gerente. Solo aparece como apoderado Xiaokang Jiao, quien es su representante legal.

Llamamos a los números de la compañía, que tiene un capital de 30 mil dólares, en Quito y enviamos un correo electrónico a sus representantes para conocer los detalles del contrato, pero no nos han repondido.

En el anterior gobierno, China Railway First Group formó el consorcio NHQ, junto a la constructora ecuatoriana Semaica y el Grupo Puentes, de España. El consorcio construyó y equipó el hospital IESS Quito Sur. El contrato fue de 206 millones de dólares. De ese valor, aproximadamente 40 millones corresponden a equipamiento, cubierto con financiamiento (deuda).


 


El hospital del IESS tiene 83 mil metros de construcción, incluye cinco torres de diez pisos cada una; siete en altura y tres en subterráneos. La obra fue contratada en la administración de Richard Espinosa Guzmán, cuando presidía el Consejo Directivo del IESS.

Inmobiliarias, empresas aéreas, papelerías entran en el negocio

Este portal revisó los contratos entregados a 20 proveedores con mayor monto adjudicado, entre 2019 y 2020. Estos registran 1.930 procedimientos de contratación pública, adjudicados por $ 39,8 millones.

De los 20 proveedores principales, 8 no operan como establecimientos o distribuidores de salud. Esa no es su razón social. Se dedican a otras actividades económicas: son empresas inmobiliarias, de construcción, transporte aéreo e industriales.

Uno de los proveedores que recibió las mayores adjudicaciones es BKB Maquinaria Industrial, con RUC 1791254511001. Ganó $4,5 millones por venta de productos médicos, aunque se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de maquinaria industrial, como tornos, mortajadoras, fresadoras, sierras y cintas para sierras.

Otro contratista que tiene inconsistencias en su historial es Carlos Alberto Figallo Segovia (RUC 0913265526001). Como persona natural declara como actividad económica la venta al por mayor de materiales de papelería.

Sin embargo, en 2018, Figallo firmó un contrato con el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta para vender dispositivos médicos. MONTO

Luego volvió a participar en compras públicas, en febrero de este año, pero no como persona natural, sino como presidente de Corporation Premier Global, Premiglob, una empresa dedicada a la venta, exportación y construcción de implementos de vivienda.

A inicios de este año, el Hospital Provincial Doctor Verdi Cevallos, de Portoviejo, adjudicó contratos a la corporación de Figallo, para adquirir reactivos e insumos para laboratorio. En total ganó contratos por $2,2 millones.

La empresa Diguercorp (RUC 0992708360001) ocupa el segundo lugar en la lista de los 20 proveedores con mayores montos adjudicados. Se ubica también entre los proveedores que realizan actividades ajenas a salud. Pese a que sus principales actividades son la compraventa y arriendo de bienes inmuebles, participó y ganó 11 contratos durante un año por $ 3.2 millones.

José Jalil & Hijos representaciones y Comercio ganó 56 procesos de contratación en salud por más de $2 millones. Sin embargo, su razón social corresponde a la representación de personas naturales o jurídicas, en gestión o administración de negocios y gerencia de proyectos de cualquier índole.

La firma Ceroriesgo se dedica a actividades inmobiliarias y es presidida por Stalin Apolinario Delgado, quien también consta como persona natural contratada por el estado (con RUC 0918760141001). Su razón social  es la venta de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. La empresa y Apolinario ganaron 15 contratos por más de 3 millones, durante la emergencia por el Covid-19.

La venta de insumos también fue lucrativa para la empresa aérea Aeromaster Airways: obtuvo 9 contratos por $1,5 millones para proveer productos médicos. Su actividad son los vuelos panorámicos y turísticos, incluyendo actividades generales de aviación.

Otro proveedor de salud es Víctor Hugo Tello, quien usualmente se dedica a la fabricación de todo tipo de muebles. Recibió más de 900 contratos por más de un millón de dólares, por la venta de insumos médicos.

Según el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud, “los establecimientos farmacéuticos autorizados para realizar promoción médica, importación y venta al por mayor a terceros de los productos elaborados por sus representados, deben cumplir con buenas prácticas de almacenamiento y distribución determinadas por la autoridad sanitaria nacional. Requieren para su funcionamiento de la dirección técnica responsable de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. Ninguno de los proveedores analizados cumple estos requisitos.

Pruebas rápidas COVID-19:  negocio para unos, engaño para otros

A inicios de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionó la efectividad de las pruebas rápidas Covid-19. Aseguró que podrían “categorizar falsamente” a personas que padecen la enfermedad. Pese a la alerta, el sistema de salud pública y el privado importaron estos insumos sin control. Hasta fines de julio de 2020, 53 entidades públicas mantenían contratos de compras de tests rápidos.

En total se adquirieron 531.644 tests a escala nacional. De ese número, la mayoría, un 82%, pertenece a la matriz del Ministerio de Salud, es decir, 440.800. Otros compradores de pruebas rápidas fueron hospitales y centros de la salud de la red pública nacional; la prefecturas de Guayas, Manabí y Pichincha; 30 municipios y el cuerpo de bomberos del cantón Samborondón.

El Ministerio de Salud apostó por la compra de un millón de pruebas rápidas. El Gobierno anunció que sería una medida para paliar la crisis sanitaria.

El proceso para esta adquisición se inició el 20 de abril, a pesar de que ya se conocía la alerta de la OMS. Los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dan cuenta que el contrato se adjudicó a la empresa MV Asociados. Del millón de exámenes finalmente llegaron al país 430.000, cantidad con la que se finalizó el contrato por acuerdo mutuo con su arribo el 16 de mayo. Adicionalmente, se ingresaron 10.800 test más con la empresa Dimprokel S.A. En total se compraron 440.800 pruebas.  A partir de entonces, el Gobierno pausó la ejecución de este tipo exámenes.

A fines de abril, el Ministerio de Salud difundió por primera ocasión las estadísticas de pruebas rápidas y las pruebas de diagnóstico molecular, PCR. Éstas últimas son las recomendadas para diagnosticar el coronavirus. Por esas fechas, las autoridades informaron que se practicaron 31.134 pruebas PCR (16.130 descartados y 15.004 descartados); mientras que se registraron 17.158 pruebas rápidas (8.922 con sus resultados fueron negativos y 8.236 con diagnóstico positivo).

Cuatro meses después, el conteo de pruebas rápidas subió a 20.572; mientras que las PCR llegaron a 184.045, entre negativos y positivos.

La OMS establece que “deben validarse en las poblaciones y entornos apropiados”. Incluso menciona que las “pruebas inadecuadas pueden pasar por alto a los pacientes con infección activa o categorizar falsamente a los pacientes con la enfermedad cuando no la tienen, lo que dificulta aún más los esfuerzos de control de la enfermedad”.

El principal problema de las pruebas rápidas es que no tienen la sensibilidad para  discernir la producción de anticuerpos, que varía según la edad, peso y sistema inmunológico de cada persona y que cambia durante los 13 días de contagio. A esto se refiere la OMS con “pruebas inadecuadas”, porque una persona puede tener el virus, pero si no ha transcurrido el período mínimo para generar sustancias detectables, como anticuerpos, la prueba resulta en un falso negativo para el paciente.

El Ministerio de Salud emitió un protocolo para la realización de estas pruebas. En ese documento se especifica que se deben practicar en pacientes que acudan al servicio de emergencia o ingresen con más de cinco días de evolución de la enfermedad y que se encuentren dentro de los 10 días posteriores al contacto de sospecha.

Adicionalmente como un mecanismo de seguimiento de la “respuesta inmune en pacientes infectados con o sin síntomas”. También para investigación epidemiológica y clínica. Finalmente, para inferir “seroprevalencia en una localidad o población determinada”. En ese protocolo se específica que deben realizarse en profesionales de primera línea (sanitario, fuerza pública y otros altamente expuestos), “lo que ayudaría a identificar a aquellos que han creado inmunidad y puedan volver al trabajo minimizando el riesgo de propagación del virus a colegas y demás población”.

Baratillo de pruebas rápidas

La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) alertó desde marzo la necesidad de regular la importación y venta de pruebas para Covid-19. Sus temores tenían sustento, porque pocos días después se desencadenó un baratillo de esos exámenes en las redes sociales.

En abril, el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos aseguró que la importación y comercialización de las pruebas se sometería a un reglamento. Esta norma permitía para entonces la venta de 25 marcas, las cuales pasaron una selección. Por ejemplo, se analizaron los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas y, además, las  certificaciones o aval de instituciones de control sanitario de Estados Unidos, China o de la Unión Europea.

Sin embargo, los controles para frenar la venta informal fueron insuficientes. A inicios de junio, en el sector del Bicentenario, en el norte de Quito, la Policía allanó una imprenta donde se adulteraban las fechas y otras indicaciones de las pruebas. En ese operativo se incautaron 17.000 tests que habían llegado desde China.

La incautación se cumplió luego de una denuncia de los perjudicados que compraron esas pruebas y se percataron que el empaque original fue modificado. Ese mismo mes, la Policía en Santa Elena arrestó a dos extranjeros que se hacían pasar por agentes de la DEA estadounidense, pero que estaban vinculados a la venta irregular de pruebas rápidas de Covid-19.

Ambos declararon a la Fiscalía que no son los únicos involucrados en este negocio, sino que la cola llega hasta Jacobo Bucaram, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram.

En el intento de frenar esta comercialización irregular, la Agencia de Control Sanitario extendió el número de pruebas que pueden ser vendidas y de las personas o empresas que pueden importar esos productos. Su último listado es del 12 de junio y se registraron 83 permisos para marcas estadounidenses, europeas; pero especialmente, de fabricación china.

El Arcsa sostuvo que este permiso es temporal. Además, prohibió la llegada al país y venta de seis marcas. La lista de pruebas certificadas por el Arcsa se puede encontrar en este link https://www.controlsanitario.gob.ec/nuevos-registros-sanitarios-arcsa/

El ministro Zevallos confesó en la Asamblea el jueves último la dificultad de seguir la pista de las pruebas rápidas que se comercializaron en el país. “Las pruebas rápidas que valoran anticuerpos no son recomendadas para la detección del virus, las únicas son las PCR”.

Sin embargo, por desconocimiento, muchos empleadores del sector privado aún exigen a sus colaboradores realizarse tests rápidos (que son hasta 10 veces más baratos que un test molecular o PCR), como requisito para reincorporarse a su jornada laboral. Las pruebas se compran en línea, a través de redes sociales. Los resultados negativos causan que personas infectadas por coronavirus, en fases tempranas del contagio, sigan diseminando la enfermedad. Muchos comerciantes se han enriquecido con la venta de estos insumos; mientras suben los contagios, a causa de diagnósticos engañosos.

1 comentario en “Constructora china vendió insumos médicos; pruebas rápidas proliferan como golosinas”

  1. La corrupción es la bandera de este pueblo, tiene raíces muy profundas ya que es parte del común. Crean entidades de control que hacen de la vista gorda cuando de acuerdo al beneficio económico que obtengan sus dirigentes.
    Todo esto sumado a la ausencia de líderes provee un amplio campo para instaurar más redes de corrupción sin ninguna solución. El país ira de tumbo en tumbo, porque su pueblo es primitivo, básico, vicioso e ignorante, y sus gobernantes, incapaces, corruptos y negligentes.
    Somos muy muy pocos los que vamos contracorriente, ante una avalancha, que no tiene fin, al menos por el momento. ……….

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