Carlos de Miguel: las facetas de un enigmático empresario

PERFIL. El estadounidense nacionalizado ecuatoriano Carlos De Miguel III llegó al país en 2009, atraído por la oportunidad de hacer negocios con el gobierno de Rafael Correa. Emprendió en varios campos: tuvo contratos con Hidropastaza, el Servicio de Protección Presidencial y la extinta Secretaría de Inteligencia (hoy CIES). Vendió equipos de protección y se encargó de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres. Supo que Julian Assange ingresaría a la sede un mes antes, lo cual confirma que no fue una llegada espontánea sino acordada con el Gobierno. A partir del 2015, De Miguel incursionó en la minería y creó Hanrine, que desde 2017 tiene seis concesiones mineras en Imbabura. Es investigado por un supuesto tráfico ilegal de armas; él niega los cargos y contrademandó a la ministra María Paula Romo.

Redacción Código Vidrio

Carlos de Miguel III es un empresario polifacético, con un agudo olfato para los negocios. La última década mantuvo un perfil más bien discreto hasta julio pasado, cuando la Policía incursionó en su domicilio, en Puembo, y lo detuvo por un supuesto tráfico ilegal de armas de fuego.

¿Quién es De Miguel? Es el gerente para Latinoamérica de la empresa Hanrine (cuya principal accionista es la australiana Hancock), que tiene seis concesiones mineras en Imbabura, obtenidas en 2017, tras un concurso en el entonces Ministerio de Minas, dirigido por Javier Córdova.

Antes estuvo dedicado al análisis de estructuras críticas y al negocio de la seguridad: mantuvo contratos con Hidropastaza, el Servicio de Protección Presidencial y la extinta Secretaría de Inteligencia (hoy CIES).

Barbado y robusto, De Miguel, de 49 años, es estadounidense pero tiene también la nacionalidad ecuatoriana. Llegó al país en diciembre de 2009, atraído por la oportunidad de hacer negocios con el gobierno de Rafael Correa.

Ese año participó en una licitación del Ministerio de Gobierno para la provisión de vehículos blindados tácticos para la Policía. Concursó como representante de una fábrica de autos de seguridad de Estados Unidos; donde nació en 1970, en Florida.

En entrevista con Código Vidrio, De Miguel contó que ganó la licitación, pero sorpresivamente el Ministerio no avanzó con el contrato porque debió reorientar esos recursos a otras necesidades que surgieron sobre la marcha.

Carlos de Miguel (Der.) fue convocado por la Senain en mayo de 2012 para que evaluara la seguridad de la embajada en Londres, un mes antes de la llegada de Julian Assange. Luego fue contratado con su empresa Blue Cell, que a su vez subcontrató a UC Global, de David Morales. Foto archivo.

De Miguel confirmó que años atrás había sido parte del ejército estadounidense, aunque no quiso detallar de la unidad donde operaba, pero se conoce que fue combatiente en la guerra de Iraq. Esa experiencia (manejo de armas, operaciones tácticas y de inteligencia) lo catapultó al negocio de la seguridad marítima para yates y cruceros en el Caribe y África, especialmente en Bahamas y Somalia, que apuntaló por sus conocimientos en finanzas y banca. De hecho tiene una licenciatura en Wharton School, de la Universidad de Pennsilvania, y estudios en la Escuela de Negocios de Harvard.

Tras la fallida experiencia en el Ministerio de Gobierno, De Miguel fue contratado por Hidropastaza para evaluar los daños en las turbinas de la hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht, que había sido expulsada en 2008 por todas las fallas en la construcción de la obra.

De Miguel dijo que fue contratado por su conocimiento en estudio de estructuras críticas. Esa especialización le permitió establecer, luego de los análisis del material de las turbinas en EE.UU., que Odebrecht había utilizado acero para su fabricación, en lugar de titanio, como se había comprometido en el contrato. Por esa consultoría recibió 20 mil dólares.

Los siguientes meses, De Miguel se radicó en Ecuador, tras un período de idas y venidas desde el exterior. En 2011 fundó en Quito la empresa de seguridad Blue Cell, junto a Andrés Molina, ambos accionistas principales.

Entre 2012 y 2013 ganó tres contratos, calificados como secretos, con el Servicio de Protección Presidencial (SPP) y con la Senain, para la venta de detectores de armas químicas y otro de armas nucleares, que hasta ahora se emplean en la Presidencia de la República.

El SPP compró el equipamiento, que incluía chalecos y municiones, la primera vez a través de Senain, con fondos especiales, y la segunda directamente a Blue Cell, que en total recibió unos 150.000 dólares por esas ventas. Otras empresas también fueron contratadas para proveer armas, canes y vehículos.

En mayo del 2012, De Miguel recibió una llamada de una funcionaria de la Senain, asistente del entonces jefe de Inteligencia Raúl Patiño, quien lo convocó a una reunión. “Me llaman y me convocan antes de que Patiño renuncie. En la reunión, con funcionarios de nivel medio, solo me dicen que habría un problema en la embajada. No me dicen todavía nada respecto al ingreso de Julian Assange, solo me averiguan cuánto costaría dar seguridad en la sede en Londres”.

En ese momento nada se conocía públicamente sobre el plan de Assange y el gobierno ecuatoriano para asilarlo. Para esos días el australiano estaba confinado en una casa en las afueras de Londres: tenía arresto domiciliario y temía ser extraditado a Suecia, especialmente luego de que en febrero de 2012 un tribunal inglés dio luz verde para su entrega a la justicia sueca.

En junio, De Miguel se reunió nuevamente con funcionarios de la Senain. Para ese momento, Patiño había renunciado y fue reemplazado por Pablo Romero. No obstante, estuvo en el cargo varios días más durante la transición. “En esa segunda cita me mostraron un informe de seguridad que habían hecho en la embajada y me contaron que el plan debía aplicarse porque Assange entraría las siguientes semanas, pero no concretamos nada”.

El entonces canciller Ricardo Patiño concedió el asilo a Assange, a quien se había acercado dos años antes, a través de quien era cónsul, Fidel Narváez. Foto archivo.

El 19 de junio Assange ingresó a la sede, simulando que había tomado la decisión sobre la marcha, de forma espontánea, y que el gobierno ecuatoriano no sabía nada la respecto. En realidad, el entonces canciller Ricardo Patiño había acordado el ingreso meses antes con la participación de varios funcionarios, en especial de un personaje central: el cónsul Fidel Narváez, quien fue el nexo y conocía a Assange desde años antes: https://www.codigovidrio.com/code/el-asilo-de-assange-se-puso-en-escena-tras-meses-de-ensayos-en-londres-y-quito/.

En medio de todo el alboroto internacional generado, el gobierno ecuatoriano anunció el 16 de agosto que le había concedido el asilo a Assange. Entonces, en la Senain le pidieron a De Miguel que viajara  inmediatamente a Londres, pues la situación era muy complicada. Los funcionarios diplomáticos no querían ir a la sede por temor a represalias y porque habían recibido amenazas; los seguían, cientos de personas protestaban fuera de la sede…

De Miguel viajó a Londres al día siguiente, el 17 de agosto, para evaluar las vulnerabilidades del inmueble. A su regreso a Ecuador, el 23 de septiembre, presentó un plan para mejorar la seguridad de la sede, que implicaba la compra de equipos, como cámaras, escáners, otros dispositivos y la contratación de personal de seguridad. Su propuesta fue aprobada y firmó el contrato con Romero, por un pago mensual de 29.000 dólares.

“La situación era crítica, el personal diplomático quería renunciar por los continuos roces con los colaboradores de Assange, que era acompañado día y noche por el cónsul Narváez. No había ningún control ni dispositivos de seguridad, todo era viejo. Tampoco había guardias”, recordó.

Para la cobertura en la sede, De Miguel contactó a David Morales, dueño de la empresa española UC Global. Ambos se habían conocido años antes cuando se aliaron para dar seguridad a barcos en altamar. Así, Blue Cell subcontrató a Global, que contaba con guardias, que viajaron a Londres y no tenían problemas para trabajar allí por el visado, al ser parte de la Comunidad Europea. Empezaron a operar tres guardias en turnos de 8 horas, especializados en medicina de combate, pues Assange tenía un problema preexistente de salud en uno de sus pulmones, que tenía una afectación del 50%.

Todas las previsiones apuntaban a una estancia corta de Assange, a lo mucho de varios meses, nunca se pensó que se quedaría siete años. Por eso, el contrato para la seguridad era temporal, de menos de un año, según recordó De Miguel. En la Senain además querían enviar militares ecuatorianos para que se hicieran cargo de resguardar la sede, pero Inglaterra les negó las visas, como un evidente rechazo a la decisión de Ecuador de asilarlo. Entonces la contratación con la empresa se extendió.

Blue Cell recibió por ese contrato $ 549 mil hasta marzo de 2014. Ese año el nuevo secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo, decidió terminar la relación con De Miguel y contratar directamente a UC Global. Según de Miguel, de los $46.000 mensulaes que para la época costaba la seguridad de la sede pasó a $98.000.

El salto a la minería

Aliviado por haber salido del contrato en la embajada, que se había convertido en un avispero, De Miguel puso el ojo en la minería. Especialmente luego de que el 31 de enero de 2015 el entonces presidente Rafael Correa anunciara un giro en la política energética de su gobierno, con énfasis en la minería a gran escala.

Con ese fin creó el Ministerio de Minas, que empezó una nueva etapa de concesiones a empresas privadas, nacionales y extranjeras, y a estatales de otros países como China y Chile. Según las estimaciones del gobierno de la época, en la minería había un potencial de 217 mil millones de dólares en reservas de oro, plata y cobre.

Esta es la zona de Íntag, donde se asientan concesiones mineras, en especial la del proyecto Llurimagua, que también es apetecido por Hanrine, gerenciada por Carlos de Miguel. Foto archivo.

Entre 2015 y 2017, De Miguel investigó las zonas de mayor potencial para invertir en minería e identificar los yacimientos y los minerales más rentables.

“Fue un estudio largo y detallado para saber dónde invertir. Así ubiqué las zonas de más potencial en Imbabura y empecé a concursar para obtener seis concesiones, a fines de 2017”, contó el empresario.

Una de las concesiones (Imba 2) fue, precisamente, el centro de conflictos por la llegada de cientos de mineros ilegales, que se asentaron en Buenos Aires y las zonas aledañas para explotar el mineral, hasta julio del 2019, cuando fueron desalojados por la Policía y el Ejército. Entre tanto, los 120 empleados de Hanrine mantuvieron la exploración en las cinco concesiones restantes, incluido el proyecto Amadores.

Hanrine enfrenta actualmente problemas para operar en Buenos Aires. Los habitantes se han organizado, desde hace varias semanas atrás, para impedir el ingreso de sus trabajadores y exigen al gobierno que le retire la concesión.

Entre tanto, De Miguel también quiso participar con Hanrine y el financiamiento de Hancock en el proyecto Llurimagua (Imbabura), que tiene un rico yacimiento de cobre, con un potencial estimado para generar ingresos por 3,5 mil millones de dólares.

Este proyecto, ubicado en el valle de Íntag, es desarrollado por la minera estatal chilena Codelco y la Empresa Nacional Minera (Enami), que en 2015 fundaron una compañía de economía mixta, pero no han podido avanzar en la explotación. El primer convenio de asociación se firmó en 2009.

El 17 de enero de 2019, De Miguel tuvo una reunión breve con el presidente Lenin Moreno, en el aeropuerto Mariscal Sucre. Le habló del interés de Hanrine-Hancock en el proyecto Llurimagua. Foto cortesía.

El yacimiento cuprífero yace debajo de los bosques nublados primarios que son parte de los  Andes Tropicales, considerada una de las regiones más biodiversas del mundo, donde habitan cientos de especies animales y vegetales. Ha desatado por años constantes protestas de sus habitantes y organismos ambientalistas, que se oponen a la minería a gran escala.

A partir de 2018, el gobierno, agobiado por la necesidad de recursos, inició una campaña y contactos internacionales para vender su participación accionarial del 51% en Llurimagua. Codelco es dueña del 49% restante.

Hasta el 2019, Hanrine, financiado por su matriz Hancock, ha presentado dos ofertas abiertas para participar en el proyecto, ya sea como socio de Enami o Codelco, por 202 millones de dólares, o para operar solo, pagando 400 millones. Ninguna ha tenido eco entre las autoridades, que alegan la vigencia del acuerdo con Codelco.

El medio digital Periodismo de Investigación denunció que el 16 de abril pasado el régimen había decidido entregar su paquete accionarial a Codelco, que se convertiría en el dueño absoluto de la concesión y de todas sus regalías, en perjuicio del estado ecuatoriano, por supuestas presiones del secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y su tío Francisco Roldán Cobo, del estudio Pérez Bustamante Ponce, que entre sus clientes tiene a Codelco. Roldán negó haber ejercido presión alguna para favorecer a esa empresa ni que su tío estuviera involucrado, pues otros obogados de ese estudio trabajan con la estatal chilena.

Ese mismo día -según el periodista Christian Zurita- el presidente Lenin Moreno llamó al medio para anunciar que se había suspendido la entrega del proyecto Llurimagua a Codelco, pues existía un informe negativo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

La detención de De Miguel

El 26 de agosto, la Policía hizo un allanamiento en el domicilio de Carlos de Miguel. Hallaron cuatro armas de fuego y 9.500 municiones. Detuvieron al empresario que fue liberado al día siguiente y emprendió acciones legales contra la ministra Romo.

El 26 de julio pasado, la Unidad de investigación de Armas y Explosivos de la Policía (Uidan) realizó un operativo en el domicilio de Carlos Miguel, en Puembo. Con una orden de un juez y acompañados por un fiscal los uniformados allanaron su vivienda, a las 07:00, por una denuncia anónima de tráfico ilegal de armas.

Al ingresar al domicilio, los policías interrogaron a De Miguel, quien les confirmó que poseía varias armas y municiones, porque practicaba tiro deportivo. Luego les mostró el armamento, que tenía guardado en un sitio donde tiene un pequeño gimnasio. Eran cuatro armas de fuego: una pistola Glock, de 9 milímetros, un fusil M4 Colt, una pistola Colt, una escopeta Mossberg, así como 19 alimentadoras, 9.500 municiones y dos dispositivos de entrenamiento. “Las armas estaban debidamente guardadas, descargadas y sin sus respectivas alimentadoras, cuando las saqué del almacén y las coloqué en la butaca como lo solicitaba el oficial a cargo”.

A los agentes les llamó la atención, sobre todo, la carabina de asalto M4, pues es el arma principal de infantería estándar del Ejército de los Estados Unidos, y suele ser utilizada por numerosas unidades policiales de élite. De Miguel explicó que compró ese fusil en EE.UU. el 2003, al igual que las otras dos armas, que fueron importadas al Ecuador de forma legal.

Durante el allanamiento, De Miguel mostró el permiso de la Glock, que está vigente hasta 2024, y los tres documentos restantes de las otras armas, que, sin embargo, estaban caducados y no habían sido renovados en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según De Miguel, compró las munciones a mediados de 2019 a Ricardo López, quien a su vez las había adquirido en la fábrica Santa Bárbara. Hasta mayo pasado, López, quien es campeón mundial de tiro, trabajaba en Hanrine como subgerente, al frente de las tareas de seguridad. Dejó la empresa en medio de desacuerdos y contratiempos con el gerente de Hanrine.


Informe del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las FF.AA.


El 7 de enero de 2020, Ricardo López denunció a Carlos De Miguel III por una supuesta intimidación en la Fiscalía e inició un trámite de visto bueno en el Ministerio de lo Laboral, por hostigamiento, solicitando una indemnización como persona con discapacidad. Según De Miguel, su excolaborador planteó las dos demandas buscando presionar que la empresa, que ya había decidido despedirlo, lo indemnizara presentando un certificado de discapacidad adulterado, según les certificó el Ministerio de Salud. Buscamos la versión de López pero no respondió a nuestras llamadas. De Miguel, junto a López, también enfrenta otra denuncia de supuesta intimidación del extrabajador de Hanrine Hugo Morales. El proceso no ha pasado de la investigación previa.


Estas fueron las armas encontradas por la Policía en el allanamiento a la casa del gerente de Hanrine, el 26 de julio. Tenía un permiso vigente y las tres armas restantes no contaban con certificados actualizados. Foto Policía.

“Los permisos han sido renovados varias veces por el Comando Conjunto; compré las municiones, que son de los mismos calibres de las armas, para prácticas de tiro y para concursar en torneos, dentro y fuera del país, soy socio de varios clubes en Guayas e Imbabura”, dijo De Miguel, quien fue detenido por la Policía;  sus armas fueron incautadas.

Según un informe del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las FF.AA. al que accedimos, de Miguel efectivamente no cuenta con permisos de uso deportivo y tenencia para tres armas de fuego: una carabina, una escopeta y una pistola, que estuvieron vigentes hasta el 2017.

Sobre el pedido de renovación, el reporte, fechado 30 de julio de 2020, indica que fue negado por haber detectado “que el usuario poseía cuatro números de identificaciones anteriores registradas en el Sinocar”.

“El 21 de mayo -con oficio 20-G-4-ARMAS-Pich-Insp-032- se notificó al usuario que su solicitud fue anulada pues no cumplía los requisitos. El oficio fue remitido mediante correo electrónico y hasta la fecha no se ha recibido respuesta, ni se pudo ubicar al usuario”.

La audiencia de flagrancia se realizó al día siguiente del allanamiento, el 27 de julio, ante la jueza Geovanna Palacios, que dispuso su liberación y abrió una investigación previa por tráfico ilícito de armas.

Ese mismo día, la ministra de Gobienro, María Paula Romo, informó en su cuenta en Twitter sobre el operativo y la detención de De Miguel, así como la realización de la diligencia.

Para De Miguel, su detención es parte de una operación supuestamente premeditada de la ministra Romo y Juan Sebastián Roldán para desacreditarlo, como gerente de Hanrine, en medio del proceso de subasta del 51% de acciones que posee la Enami en el proyecto Llurimagua.

“La oferta de la multinacional que yo represento (Hancock) es la más alta entregada hasta la fecha, por más de 400 millones de dólares para el Estado, pero ciertos políticos pretenden transferir la concesión a costo cero a otra entidad”, destacó.

Dos días después de ser liberado, De Miguel planteó junto a su abogado Emiliano Donoso una denuncia por fraude procesal en contra de Romo. También fueron denunciados el fiscal que dirigió la operación, Washington Rojas; la jueza Eliana Carvajal, que ordenó el allanamiento y siete oficiales y agentes operativos de la Policía.

Hanrine también contrató a Kroll, una consultora internacional especializada en investigaciones de cuello blanco para confirmar si hubo un contubernio de funcionarios del gobierno en su contra, por sus operaciones mineras.

Según la Ministra Romo, en este caso actuó como en otros de interés público, en los cuales la Policía interviene para frenar posibles actos delictivos. «Daremos la respuesta que a otros casos, es decir presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores», subrayó.

Los abogados del representante de Hanrine también estiman que es grave que no se conozca ni se haya justificado quien presentó la denuncia que dio origen a este caso. “No hay evidencia de que exista denuncia alguna en mi contra, ni en la Policía ni en ningún proceso en la Fiscalía”.

Fuentes de la Policía ratificaron que la denuncia sí existió. “Una persona llamó a la Policía para denunciar que De Miguel tenía armas y municiones en su domicilio sin permisos, lo cual constituiría un delito”, dijo un oficial cercano a la investigación.

Posteriormente se informó a la Uidan que verificó y calificó la procedencia de la denuncia y pidió un acto urgente al Fiscal de turno que, a su vez, solicitó a un juez la orden de allanamiento. “Toda la acción fue dirigida por la Fiscalía, la Policía no puede actuar en estos casos por su cuenta”, recalcó el uniformado, quien destacó que la ministra Romo conoció del operativo solo después de haberse realizado, por el reporte que recibe a diario sobre los casos más relevantes que ejecuta la Policía.