Aumentos de hasta el 681% en mascarillas, trajes y fundas de cadáveres

La discrecionalidad y el despilfarro fueron una constante en las compras de insumos médicos durante la emergencia por el coronavirus en Ecuador. Mientras por una mascarilla N95 las autoridades de hospitales e instituciones públicas de distintas provincias pagaron valores que oscilaron entre 2 y 12 dólares, por un traje de protección gastaron entre $12 y $80, y por una funda para embalar cadáveres entre $22 y $150. No hubo parámetros ni costos referenciales. Hay aumentos de hasta el 681% en los precios. Se realizaron compras a dedo por $92,8 millones, hasta el 10 de mayo. 

Redacción Código Vidrio

Los costos de las mascarillas, trajes de protección y fundas de cadáveres, comprados durante la emergencia por el coronavirus, tienen incrementos que llegan al 681%. Hubo discrecionalidad y despilfarro, con millones de dólares de fondos públicos.

Código Vidrio revisó decenas de contrataciones en el portal del Servicio de Compras Públicas (Sercop) y estableció variaciones significativas en los precios de compra de esos insumos. Entre marzo y el 10 de mayo, las instituciones del sector público, especialmente en Salud, realizaron compras por 92,8 millones de dólares, a través del régimen de emergencia, sin concursos. A dedo.  

La mayoría de autoridades de hospitales y centros médicos, así como los municipios y prefecturas y otras entidades compró esos productos sin tomar en un cuenta una guía referencial ni comparación de precios. Tampoco las recomendaciones constantes en este período de buenas prácticas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que incluían la posibilidad de publicar en su página las necesidades de cada entidad, para así contar con un mayor número de proveedores y escoger el precio más conveniente. 

Pero el ahorro de recursos no fue una prioridad. El objetivo principal de las autoridades era comprar insumos a como dé lugar, lo antes posible, a cualquier proveedor, incluidas personas naturales y jurídicas. Esta discrecionalidad fue aprovechada, precisamente, por empresarios y contratistas inescrupulosos para negociados, que hoy son investigados por la Fiscalía y la Contraloría. 

Silvana Vallejo, directora del Sercop, dice que de todas las entidades que se acogieron al sistema de emergencia 537 realizaron contrataciones, que son monitoreadas constantemente por funcionarios de la entidad. “Desde el 16 de marzo, cuando se decretó oficialmente el estado de emergencia, enviamos a la Contraloría y a la Fiscalía decenas de casos que consideramos sospechosos de irregularidades”, subraya Vallejo, quien la semana pasada anunció que todos los datos de contrataciones de emergencia son públicos y pueden ser revisados por cualquier persona, a través del sistema de Datos Abiertos.


Las cifras de la emergencia por el Covid-19 hasta este domingo 10 de mayo (Sercop)


Un carrusel de precios

Mientras por una mascarilla N95 las autoridades pagaron precios que oscilaron entre 2 y 12 dólares, por un traje de protección gastaron entre $12 y $80, y por una funda para embalar cadáveres entre $22 y $150. Es decir que hay aumentos del 500% al 681%

Al hacer una búsqueda entre proveedores en Internet, las mascarillas N95 se ofertan en $2, los trajes $20 y las fundas $25, en promedio. Durante los días más críticos de la pandemia, entre marzo y abril, las autoridades justificaron las compras a costos más elevados por la excesiva demanda.

En la revisión por muestreo de los contratos detectamos que la variación de costos no dependió estrictamente de la calidad, confección o especificidad técnica de los insumos. Se basó, sobre todo, en el criterio y discrecionalidad de cada autoridad, en algunos casos apremiada por adquirir el producto a cualquier costo. 

Esta facultad está definida en la ley de Contratación. Establece que la máxima autoridad podrá contratar de manera directa y bajo su responsabilidad las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran para superar la emergencia. “Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías”.

Así, con la emergencia se eliminaron todos los filtros que establece la ley para régimen común y especial, como estudios de factibilidad, necesidad y convocatoria a presentación de ofertas, un concurso público…

Precisamente, Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, destaca que el decreto de emergencia abrió las puertas de par en par a la corrupción en todo el sistema de salud. Lo más grave, apunta, es que los negociados “ponen en peligro la atención a los pacientes”, con el agravante de mantener al frente de casas de salud a “personas sin competencia”.


Contrato para la compra de mascarillas en el IESS, valoradas, cada una, en 12 dólares. Se preveía gastar $1,5 millones.


Incluso -agrega- las donaciones que ha recibido el país aún no llegan a los trabajadores hospitalarios, que no cuentan son insumos de protección. «Tenemos miedo de contagiar a nuestras familias y comunidad; las palabras de aliento no son suficientes cuando no tenemos las garantías necesarias para ejercer nuestro trabajo».

Mascarillas costaron entre 2 y 12 dólares

Las mascarillas se volvieron indispensables, en medio del temor generalizado al contagio, que ya ha causado 1.800 muertes.

La primera alerta de los supuestos negociados en la compra de mascarillas salió a la luz, a fines de marzo pasado. Entonces se supo que el IESS había concretado un convenio para adquirir insumos médicos por $10 millones, a través de un proceso de emergencia. El contrato incluyó la compra de mascarillas a $12 por unidad. El caso, que es investigado en la justicia, causó un remezón en el Gobierno y detonó la destitución del director general del Seguro Social, Angel Llanos, y luego la renuncia de Paúl Granda, cabeza del Consejo Directivo.

Al revisar otras contrataciones, constatamos que ese no sería el único caso de posibles sobreprecios.

Por ejemplo, las autoridades del hospital de la Policía en Guayaquil pagaron por una mascarilla N95, fundamental para el trabajo de los galenos y enfermeras, $10 la unidad. Entre tanto, otras casas de salud, como el hospital Isidro Ayora, de Loja, la adquirieron en $ 2,34. Esta entidad compró 1.000 mascarillas; luego adquirió 500 más, pero con una válvula o filtro adicional, que elevó su preció a $3,20.

La variación de costos ha sido una constante, los últimos tres meses. Por ejemplo, el Hospital pediátrico Alfonso Villagómez de Riobamba pagó 3,23 dólares por mascarilla, que incluía  una válvula unidireccional, para mejorar su seguridad.


Mascarillas, fundas para cadáveres y trajes de protección fueron de los insumos más demandados


El precio se elevó en el Instituto de Seguridad Social de Ibarra. Esta dependencia canceló $3,70 por el respirador, pero en su contrato no se exigió una válvula central; en cambio permitió que ese producto sea KN95, el equivalente chino a la calificación N95, que entregan las autoridades sanitaria de Estados Unidos.

El hospital de Manta también pagó $3,70 por cada mascarilla sin válvula. Compró 10.000 asegurando que tenían una efectividad del 95% de filtración de agentes biológicos y patógenos.

En el resto de hospitales del IESS, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policía se adquirió el producto a precios más elevados. 

El hospital docente de Ambato ejecutó dos contratos. En el primero pagó $4,40 y en el segundo $3,98, por el mismo producto. En ambos se compraron 10.000 mascarillas KN95 de China. Los convenios se concretaron entre el 2 y el 14 de abril pasado.

El Hospital Básico de la IV División de Ejército las adquirió a $4,30 con un proveedor nacional. En la misma provincia el Hospital General pagó $4,50 por cada mascarilla. Pasaron la barrera de los cinco dólares el hospital militar de Riobamba, que adquirió 402 unidades. El hospital Básico de Pastaza pagó $5,25. 


El Ministerio de Salud es el principal comprador de insumos médicos por emergencia. Pagó 15 millones, seguido por el Municipio de Quito, con 5 millones; el Municipio de Guayaquil, 5 millones, el Hospital del Guasmo Sur, 4 millones, y el Hospital de los Ceibos, 3,5 millones (Sercop). 


Mientras el Pablo Arturo Suárez de Quito canceló $5,50 por mascarilla con válvula, el hospital Militar de Loja pagó $6. En el Marco Vinicio Iza, de Sucumbíos, se pagó $6,16 dólares, pero del tipo KN95, importadas de China.  

En el hospital del IESS de Machala pagaron $7,50 por cada unidad, al igual que el hospital obstétrico Angela Loayza y el hospital General de El Oro. 

En Cuenca, el Vicente Corral de Cuenca compró 300 mascarillas, a $8.50 cada una, sin filtro. El hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo firmó un contrato por $8,65 por mascarilla reutilizable, con una válvula.

En la Dirección Distrital de Salud de Santa Elena y de Morona Santiago pagaron $8,60 por cada producto.  

Uno de los precios más altos, que pudimos detectar se pagó en el Cuerpo de Bomberos de Pastaza. Sus autoridades abonaron $9.50 por mascarilla. En el contrato indicaron que hicieron un estudio de mercado y la propuesta de la empresa Extinfie “fue la más económica para las finanzas de la entidad”.  

Precios dispares en trajes de protección

Si en las mascarillas los precios variaron en todo el país, lo mismo sucedió con los trajes de protección de bioseguridad. Desde marzo, cuando empezó la emergencia por el Covid-19, una de las principales adquisiciones fue la de trajes.

A fines de marzo se conoció la compra de mascarillas con sobreprecio en el IESS. El caso, que es investigado en la justicia, causó un remezón en el Gobierno. Desencadenó la destitución del director general del Seguro Social, Angel Llanos, y la posterior renuncia de Paúl Granda, cabeza del Consejo Directivo de la entidad.

En este caso, los costos por cada prenda variaron, de acuerdo al proveedor y a la cantidad. Los precios oscilan entre 12 y 80 dólares.

Los valores más económicos en este caso se contrataron en la Corporación Eléctrica del Ecuador, que adquirió 500 trajes a $12, cada uno.  

No obstante, la  Corporación Nacional de Electricidad Cnel-Ep compró 4.000 trajes en $35, cada uno, a la empresa Lifepharma.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil compró trajes de bioseguridad en $88, mientras el Municipio Antonio Ante y el Cuerpo de Bomberos de Santa Elena pagaron $50 por cada prenda, y el Cuerpo de Bomberos de Salitre los compró en $43.

Entre los proveedores hay personas naturales y empresas privadas. En ese caso, precisamente se encuentra el Municipio de Quito, que compró a Ana Lucía Peralta 13.500 trajes de protección en $23, cada uno. El monto total fue de $310.500. Esta misma entidad realizó otra adquisición de trajes a otro proveedor (Carlos Cedeño). Le compró 10.000 trajes, pero a un precio inferior: $17,6. El contrato fue de $176.000.

En el hospital Guasmo Sur adquirieron 5.000 prendas a Patricio Mosquera Arroyo; le pagaron $34,5 por unidad.  El precio se incrementó en el docente de Ambato, que canceló $39.9 por traje, lo cual es auditado por la Contraloría. 


Algunos de los contratos para adquisición de insumos médicos durante la emergencia (Sercop)


Compras de fundas para cadáveres sin especificaciones

Otra variación de precios considerable se evidencia en la compra de bolsas para proteger a los cadáveres de contagiados con el covid-19, en Guayaquil. 

Las adquisiciones más cuantiosas se reportan en los hospitales Los Ceibos y Guasmo Sur de Guayaquil, la ciudad más golpeada por la pandemia. Ambas casas de salud gastaron más de $7 millones, en contratos de emergencia.

Los funcionarios de los dos centros son indagados por supuestas compras con sobreprecios. El caso de Los Ceibos fue el primero en conocerse.

Jorge Wated, director del IESS, informó en su cuenta en Twitter que las fundas adquiridas en $12 para embalar cadáveres eran de manufactura artesanal y tenían un evidente sobreprecio.

En el convenio que revisamos no hay ningún detalle técnico para recibir el producto, solamente se estableció que sea “para adultos”. Así dejaron abierta la posibilidad de que tuvieran cualquier material.  

Sus autoridades firmaron un contrato para adquirir 4.000 bolsas para cadáveres por $594.000, que representa un precio unitario de $148,50.

El director del Seguro Social, Jorge Wated, aseguró que esos insumos evidentemente son de fabricación artesanal, y no podrían tener ese valor.

El contrato se firmó el 13 de abril pasado por la gerente de Los Ceibos, Susana Mera, y por Sandra Ortega, quien es representante de la firma ganadora, Silverti Medical Group. Ambas son investigadas por la Fiscalía.

Édgar Molina, abogado de la compañía privada, dijo que el precio de las fundas se debe a sus cualidades y especificaciones técnicas. Sin embargo, en ninguna parte del convenio que consta en el portal de Compras Públicas están esos detalles

No fue el único caso. Algo similar ocurrió en el Hospital del Guasmo Sur, donde no se definió ninguna especificación técnica para las adquisiciones de fundas. 

En este hospital se firmaron tres contratos para tener este insumo. En el primero se determinó un costo de $145 por cada funda. Se firmó con la empresa Yanay, que incluía la entrega de otros 32 insumos. La adjudicación fue por $307.538. De ellos, $20.00 fueron para las bolsas.

Luego esa casa de salud decidió hacer contratos por separado, solo para las fundas. 

En el segundo convenio compró 600, a $131 cada una. Pagó $78.720 a Distribumedic, empresa dedicada a la venta al por mayor de insumos médicos desde el 2018.

El tercer contrato fue por 200 bolsas, a $140 cada una. En total, se canceló $18.816 a Denisse Córdova, quien se dedica a la venta al por mayor de insumos, desde el 2014.

Otra presunta compra irregular ocurrió en el hospital de la Policía, en Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció el caso y envió un oficio a la Fiscalía para que indague la compra de fundas impermeables a $130 cada una.

En el hospital de Puyo se firmó un contrato para comprar fundas por $78, cada una. El mismo precio se pagó en el Centro Clínico Ambulatorio de Santo Domingo de los Tsáchilas. Mientras que el hospital del Seguro Social de Ibarra pagó $75 dólares por los cobertores. 

En su contrato, firmado el 14 de abril, se detalló la compra de 200 de esos productos por $15.000.  El hospital geriátrico Bolívar Arguello también pagó $75 por cada unidad.

En el hospital de los Ceibos, en Guayaquil, se investigan varios casos de sobreprecios. Uno de los más difundidos es el de la compra de 4.000 bolsas para cadáveres, por $594.000. El precio de cada insumo es de $148.

Para Wated, pagar más de 70 dólares por ese producto también es escandaloso. Por eso, anunció dos medidas: conformar un equipo para que indague los contratos y llegar a un proceso de compras unificadas para el sistema. 

El Hospital Básico de Alausí pagó $75 por cada bolsa. En ese cantón de Chimborazo hay ocho casos de contagio por el Covid-19 confirmados. Mientras que Julius Dopefner, de Zamora, firmó un contrato por $70 por cada bolsa. En esa provincia amazónica han fallecido dos personas, según el último reporte de la emergencia.

Mientras tanto, el hospital Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda firmó un contrato para adquirir 100 de esos implementos, a un costo unitario de $65. Este es el cantón más golpeado en Bolívar y registra 16 fallecidos hasta el 8 de mayo.

Los precios son inferiores en otras partes del país. El Hospital de Machala se canceló $60 por bolsa. Precisamente, el 9 de mayo, el director del IESS, David Ruales, pidió que la Fiscalía y la Contraloría investiguen un supuesto sobreprecio del convenio de emergencia por $60.000, firmado el 24 de abril con el proveedor Nabij López, para la adquisición de fundas de embalaje.  

Además, en el Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo se pagó $48 por unidad.  Los Ríos es la sexta provincia con más fallecidos durante la pandemia.

Pero las diferencias de precios son abismales. Hay centros que pagaron $20 dólares por cada funda. Por ejemplo, el Teófilo Dávila  de Machala compró el producto en $22,30. En las órdenes de compra se detallaron los requisitos que debía tener cada bolsa. Por ejemplo, que tenga entre 400-600 micrones de grosor; 1,10 metros de largo y 2,25 de ancho; agarraderas resistentes a desgarros; un cierre en forma de U o central; que soporte ácidos y derramos de fluidos fisiológicos; resistente a la humedad, impermeable y autodegradable.

Estos mismos requisitos se exigieron en los hospitales María Lorena Serrano de El Oro y el General de Latacunga, donde se pagó $33 dólares por cada bolsa. En total fueron 200 unidades, que llegaron a costar más de $6.000. 

Así, la compra de insumos médicos por emergencia fue totalmente heterogenea y no tuvo ninguna directriz ni control desde el Gobierno.

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