Anomalías en concesiones a Hanrine detecta Contraloría

El gobierno adjudicó a la minera Hanrine seis concesiones en Imbabura, renunciando ilegalmente a su derecho preferente para explorar y explotar esas zonas en asociación con otra empresa, según estableció la Contraloría en un examen especial. Tras las adjudicaciones, el régimen cerró el catastro minero, el 24 de enero de 2018, aunque un mes antes (11 de diciembre) había ofrecido públicamente suspender la entrega de concesiones. Para adjudicar las áreas se cambiaron los términos de referencia y se eliminó el requisito de que las empresas tengan experiencia técnica de varios años en el área minera. El gerente de Hanrine dijo que obtuvo los títulos en un concurso público que tomó varios meses; que compitió en igualdad de condiciones con otras empresas, siguiendo todas las normas y regulaciones.

Redacción Código Vidrio

El gobierno renunció, sin justificación alguna, a su derecho preferente de explorar y explotar seis concesiones mineras en Imbabura, ricas en oro y cobre, para luego adjudicarlas a la empresa Hanrine, tras una subasta pública, entre fines de 2017 e inicios de 2018.

Esa es la conclusión principal del examen especial de la Contraloría publicado el 11 de marzo pasado. El informe indica que los títulos mineros se entregaron a la empresa en 483 mil dólares, luego de que las autoridades del entonces Ministerio de Minería, de la Empresa Nacional Minera (Enami) y de la Agencia de Regulación y Control (Arcom), cedieron a la empresa las concesiones, violando y omitiendo varios disposiciones legales y reglamentarias.

El examen auditó el proceso de otorgamiento de las áreas mineras Imba 01, Imba 02, Imba 03, Imba 05, Imba 06 y Amadores, en Imbabura, entre enero de 2016 y el 31 de marzo 2019.

Carlos de Miguel, gerente de Hanrine, dijo que ganó las concesiones en un concurso público en el que también participaron otras empresas, en igualdad de condiciones, siguiendo todas las reglas y disposiciones legales. Desde la adjudicación, la empresa ha invertido más de 20 millones de dólares en esos proyectos, uno de los cuales está ubicado en Buenos Aires. En los alrededores de este poblado, entre 2017 y 2019, se asentaron unos 8.000 mineros ilegales que fueron desalojados por la Policía y el Ejército.  Actualmente los problemas persisten, pues los habitantes se niegan a que los trabajadores de la compañía ingresen a la zona. El mes pasado, dos campamentos de la minera fueron destruidos.

Fernando Benalcázar, viceministro de Minería, informó que las concesiones se entregaron a Hanrine el 20 de noviembre de 2017 (Imbas) y en enero de 2018 (Amadores). En esas fechas las autoridades notificaron a la compañía que había ganado las subastas, tras un proceso que empezó en marzo de 2016, con la graficación de las áreas de interés que ocupan una superficie de 23.182 hectáreas.


Las concesiones mineras de Hanrine están en Imbabura 


Obtener las adjudicaciones de los cinco títulos le demoró a Hanrine un año y ocho meses. En el caso de Amadores, el proceso empezó en marzo de 2017 y se adjudicó en enero de 2018. Tras la entrega de los títulos mineros, el gobierno de Moreno cerró el catastro, el 24 de enero, aunque el 11 de diciembre, un mes antes, había ofrecido suspender la entrega de concesiones mineras en una reunión con dirigentes de la Conaie.

El entonces secretario de Gestión Política, Miguel Carvajal, ratificó ese día la suspensión. “El presidente ha tomado la decisión de que se suspendan todos los procesos de concesión minera mientras no se cumplan todos los requisitos, como la consulta previa a las comunidades”.

El catastro minero estuvo abierto entre marzo de 2016 y enero de 2018. En este período se otorgaron 275 concesiones. Y se preveía reabrirlo a fines de este año.

INFORME DE CONTRALORÍA

 

Córdova encabezó la entrega de los títulos

Los títulos mineros fueron entregados a Hanrine, subsidiaria de la multinacional australiana Hancok, por autoridades del entonces Ministerio de Minería, encabezado por Javier Córdova Unda. En el proceso de otorgamiento, según reportes del gobierno, también participaron: Rebeca Illescas, ministra subrogante; Henry Troya, subsecretario de Minería; Andrés Balseca, subsecretario de Minería Industrial; Cristina Silva, directora de Arcom; José Torres, director encargado de Arcom; Raúl Brito, gerente de Enami; Byron Ballesteros, gerente subrogante de Enami; Santiago Chamorro, subsecretario zonal de Minería Norte; Jhonatan Molina, Registrador Minero Arcom.

Javier Córdova dejó el Ministerio de Minería en 2018. Antes ocupó otros cargos en el gobierno de Rafael Correa. Foto cortesía

Actualmente ninguno de los funcionarios que participó en el proceso de subasta está en el régimen, dijo Benalcázar.

Según el examen de Contraloría, las autoridades de la Empresa Nacional Minera, Enami, desistieron, sin justificación técnica ni económica, de solicitar lo títulos de las áreas mineras para su exploración y explotación, aunque anteriormente -en el caso de tres áreas- habían pedido las concesiones.

“Luego desistieron formalmente de las peticiones, aduciendo no contar con recursos económicos” para explorar y explotar esas concesiones, pero no presentaron ningún estudio que justifique esa decisión.

La Enami formalizó su renuncia a las concesiones por motivos económicos, aunque meses antes había concretado un acuerdo de colaboración con la empresa Cornerstone para el desarrollo conjunto de proyectos mineros, aprovechando que la empresa estatal tenía el derecho preferente. Con este convenio la minera canadiense asumía todos los costos de inversión y explotación. Por este motivo, el gerente de la empresa privada le había pedido a la Enami que reclame las tres concesiones para empezar el proyecto de manera conjunta.

No obstante, cuando Hanrine entró en la puja para concursar por las concesiones la Enami se hizo a un costado y no notificó a Cornerstone su decisión de desistir. “Ocasionando que el estado no cuente con resultados y evaluación económica de un potencial proyecto conformado por áreas con interés geológico, del cual pudo haber sido parte en la etapa de exploración, a pesar de contar con el apoyo financiero de una empresa privada, que realizaría a su riesgo las operaciones”, indica la auditoría del organismo de control.

 


Los títulos mineros entregados a la empresa

 

La entrega y concesión de los seis títulos mineros tuvo varias etapas y contó con la participación de distintos funcionarios del Ministerio de Minería, la Enami y Arcom, entre otros, según este gráfico de la entidad.

Los procesos de concesión se concretaron sin el pronunciamiento de la Enami y sin contar con información geológica y técnica, indican los auditores en su informe. Ante el requerimiento de los funcionarios sobre la omisión de aplicar el derecho preferente con las Imbas, el gerente general de la Enami dijo que la empresa no contaba con suficiencia técnica y económica para desarrollar las áreas, por lo cual no hizo uso de la primera opción.

La Arcom tampoco envió a la Enami información sobre Imba 5 e Imba 6, para que emitiera un pronunciamiento sobre el uso preferente.

Sobre la concesión de Amadores, la Directora de Arcom envió al gerente de la Enami un informe para que expidiera un pronunciamiento acerca del derecho preferente, cuando debía firmarse el Acta de Adjudicación. No obstante, el gerente presentó su desistimiento por no contar con un dictamen de prioridad de proyectos de inversión para esa zona, según el examen.

Los gerentes de Enami que no hicieron uso del derecho de Imba 1,2 y 3 y Amadores no proporcionaron a los auditores estudios y documentos técnicos que respalden su decisión, tampoco documentaron las acciones tomadas para obtener un dictamen favorable.

El artículo 21 del reglamento de la ley de Minería dispone que la Arcom enviará a la Enami información geológica y técnica sobre las áreas susceptibles de remate o subasta pública, para que ejerza su derecho de primera opción, para que en 120 días certifique su interés sobre las concesiones. Si no lo hace, el Ministerio de Minas inicia el proceso de subasta. Pero eso no ocurrió en este caso. El Subsecretario de Minería Industrial inició y desarrolló los procesos de adjudicación de Imba 5 y 6 y Amadores sin contar con el pronunciamiento de la empresa pública ni del Subsecretario Zonal de Minería, quien suscribió los títulos mineros.

En la zona de Buenos Aires está una de las concesiones de Hanrine. Desde el 2017 ha sido un foco de conflictos por la explotación ilegal minera. Foto archivo

Para justificar su decisión de desistir a aplicar la preferencia, el Gerente de Enami dijo que las inversiones debían ser aprobadas por la Senplades y aprobadas por el Directorio, lo cual no ocurrió. Eso, sin embargo, difiere del contenido de sus oficios de desistimiento enviados a Contraloría, en los cuales señaló que la razón era la falta de recursos económicos y técnicos.

Eliminan requisito de experiencia técnica en minería

En los Términos de Referencia (TR) para las cinco Imbas y Amadores se establecieron los siguientes requisitos: El solicitante o interesado, cuando fuera persona jurídica, debería probar la experiencia requerida, por sí sola, a través de compañías relacionadas o de su casa matriz, siempre y cuando hubiera acreditado dicha calidad, o por el personal técnico de la compañía deberá sumar la experiencia de tres años a la experiencia del personal técnico requerido.

Estos requisitos no son parte de los requerimientos establecidos en articulo 38 sobre los TR del Instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras. Este instrumento establece otras exigencias: Experiencia general: historial del ofertante, de su casa matriz o de sus compañías relacionadas, si fuera el caso; experiencia del personal técnico; plan de trabajo, metodología de investigación geológica y cronograma detallado.

El Secretario de Minería Industrial, que elaboró los TR, no informó a la Contraloría el criterio aplicado para incluir los citados requerimientos. “Con los cambios se permitió que se presenten al concurso empresas que no contaban con experiencia técnica en el área minera”.

El subsecretario de Contratación Minera no justificó en qué se basó para incluir un requisito que no es parte de la normativa, según los auditores.