433 proveedores de salud no tienen permisos de funcionamiento de la Agencia de Control Sanitario

ENTREVISTA. La directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), Cristina Murgueitio, está preocupada por la falta de controles de los insumos que se han contratado en el Ministerio de Salud y en los hospitales por emergencia, con pocos proveedores. Asedim hizo un análisis y estableció que de 898 vendedores que recibieron contratos para proveer insumos médicos 433 no tienen permisos de la Agencia de Control y Regulación Sanitaria. Sobre la contratación de 6,9 millones de mascarillas a una persona natural, dice que ninguna empresa en el país está en capacidad de fabricar esos productos o mantenerlos en stock para concursar.

Redacción Código Vidrio

La Asociación de Importadores hizo un pronunciamiento público sobre el sistema de contratación de la red pública de salud. ¿Han detectado problemas en las contratciones durante la pandemia por el Covid?
Desarrollamos alertas a las autoridades en los dos últimos años. Hemos entregado información al Ministerio de Salud, a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y al Servicio de Contrataciones Públicas, para que se mejoren los controles en las contrataciones. Para comercializar insumos médicos se debe cumplir un requisito mínimo: el permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, otorgado por el Arcsa. La Ley de Salud es muy clara: indica que solo los establecimientos farmacéuticos podrán comercializar medicamentos e insumos médicos.

¿Pero esto no está ocurriendo?
Hicimos un análisis de proveedores adjudicados de la base del Sercop del 2016 al 2018. Revisamos proveedores de dispositivos médicos y nos dio un total de 898 adjudicados; eso cruzamos con los permisos de funcionamiento del Arcsa y se evidenció que 433 no tenían dicho permiso. Es decir casi la mitad de proveedores adjudicados no cumplió con ese requisito mínimo. De ahí nacen varias preocupaciones porque han entrado nuevos actores al mercado, con un modus operandi, para decirlo de una manera interesante.

¿Cómo es ese modus operandi?
Para que usted pueda ser proveedor del Estado solo debe contar con el Registro Único de Proveedores y para conseguirlo debe calificarse en el Sercop, solo presentando una copia de ese documento y el RUC. No se valida ni se coteja si ese RUC está vigente o enrolado en el giro de negocio en el que va a participar. Las personas naturales o jurídicas escogen el tipo de negocio en el que quieren ser proveedor, sin que exista ninguna verificación. Eso pese a que la Ley de Contratación especifica que debe comprobar técnica y legalmente el giro de negocio, pero esto no se está exigiendo.

¿Esto desde cuándo ocurre?
En los 10 últimos años. Nosotros hicimos un informe del 2009 al 2016 y nos arrojó un número similar al del rango 2016 y 2018. También hay que considerar que existe la disposición de las autoridades de comprar mediante subasta inversa para ahorrar, lo cual no es lo adecuado. Los dispositivos médicos, en su gran mayoría, el 99%, es importado.


Si las instituciones públicas no controlan mediante subasta inversa pueden ganar personas que no entregan productos certificados. Por ejemplo, el hospital Docente de Ambato que adquirió pruebas para diabetes falsificadas o se entregaron electrobisturis que ingresaron por contrabando.


¿Qué son los dispositivos médicos, qué productos abarca?
Son todos los elementos, aparatos, instrumentos, equipos que permiten tratar, diagnosticar o rehabilitar a un paciente. Estamos hablando desde cosas sumamente básicas como gasas o baja lenguas, hasta tecnología de avanzada, como un tomógrafo o un neuronavegador. El 99% es importado; solo se producen 130 productos en el país.

¿No se puede certificar la calidad de esos insumos?
Hemos trabajado con las autoridades para más controles. Por ejemplo, está en vigencia un manual de buenas prácticas de almacenamiento, que los proveedores estaban obligados a tener desde el 2017. La norma está perfeccionada y vigente desde marzo de este año y ahí se generará un control adicional. El Servicio de Contratación envió una directriz a las unidades médicas para que se exija este requisito obligatoriamente. La ley es muy clara y las instituciones deben cumplirla. No se puede poner en riesgo la salud de los pacientes, imagínese tener productos falsos.

¿Qué pasa con la contratación de personas naturales como proveedores?
Pueden participar, siempre y cuando cumplan con la ley. Deben contar con los certificados de funcionamiento, certificación de buen almacenamiento y el patrimonio para sustentar el proceso. Nuestra preocupación es que el problema continúa, no solo en los procesos de emergencia, sino en los habituales que debe realizar el sistema de salud pública.

¿Cuándo entregaron estas alertas a las autoridades?
No es una alerta de este momento por la emergencia. El año pasado, entre octubre y noviembre, entregamos varias alertas. Hay muchos casos como el de una empresa de servicios legales que ganó el concurso para entregar reactivos de laboratorio al Hospital del IESS del Sur. Está el contrato de $10 millones, para la adquisición de dispositivos médicos en el IESS a una empresa que tenía como giro de negocio la venta de comida. Cuando se la investigó se descubrió que la dirección de la oficina registrada funcionaba, pero para servicios de impuestos. Casi el 100% de dispositivos médicos es importando; eso quiere decir que los proveedores deben contar con espacios adecuados para mantenerlos.

¿Eso ocurre en el país?
El almacenamiento adecuado es indispensable, se deben seguir las recomendaciones del fabricante, de cómo almacenar para garantizar que el dispositivo no tenga fallas y cumpla con sus objetivos. Si los proveedores que ganan los concursos no cumplen con esos requisitos, cómo pueden garantizar el producto

¿Durante esta crisis hay alguna empresa que puede dotar al Ministerio de Salud con casi 7 millones de mascarillas?
Nadie. De hecho, en enero nosotros hicimos observaciones al Comité de Emergencia y a la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, para que se abastezca al país de manera adecuada y planificada.


En emergencia no se pueden entregar todos los contratos a un solo proveedor, se tenía que adjudicar a varios para asegurar la cadena de abastecimiento. ¿Qué pasaba si ese único proveedor fallaba? Todo el sistema quedaría desabastecido, cuando hay proveedores que pueden garantizar la entrega planificada del producto.


¿Entonces, en marzo las importaciones se multiplicaron para traer los insumos médicos?
El estado compra el 80% de lo que hay en el mercado y generalmente el proveedor, cuando se adjudica el contrato, realiza esa importación. Había muy poco producto en stock antes de la emergencia

¿Tener 7 millones de mascarillas en stock es posible?
Es imposible porque no se sabía si se iba adjudicar o no. De hecho muchos de los procesos de contratación que realizó el Ministerio de Salud en febrero se cayeron porque ya existía el incremento de precios en el mercado internacional. Los importadores dejaron de traerlos porque era imposible ingresar a subasta inversa un producto que había triplicado su precio desde la fábrica.

¿Qué le solicitaron a la ex ministra Andramuño?
Recibimos un pedido del Ministerio de Salud para que confirmemos el stock de dispositivos médicos. El 30 de enero contestamos que apenas había el 10% en stock, por eso solicitamos que se abastezca lo antes posible, dado el proceso de importación que se debía realizar.

¿Solo había 10% de stock?
Era lo mínimo. Nos remitieron un listado de productos que debían verificar cuánto había en el país y contestamos que de acuerdo con nuestros asociados había un 10%. Estamos hablando de mascarillas, respiradores y otros insumos que requería el Estado.

¿Entonces, en febrero y marzo hubo grandes importaciones de esos insumos?
Existieron importaciones, pero compras grandes no se dieron, hasta que se declaró la emergencia. Nuestra sugerencia fue que se abrieran los concursos y se centralizaran las cantidades para que puedan realizar esas adjudicaciones especiales. Antes de la emergencia no lo había hecho y ahora se sigue comprando parcialmente.

En la crisis todos compraron insumos médicos desde el cuerpo de bomberos de un cantón pequeño, hasta el Ministerio de Salud. ¿Se garantizan esos productos?
Esa también es la alerta que emitimos. Todas estas entidades se siguen abasteciendo durante la emergencia y también el sector privado, pero deben tomar en cuenta todos los requisitos para esa compra. Que se compre a los proveedores calificados por la Ley.

Por ejemplo, muchos hospitales aseguraron que compraron mascarillas N95 de fabricación nacional. ¿El país produce esos productos?
No existe la validación de la N95 en el país. Adicionalmente no existe la ISO-13485, que certifica la idoneidad de un dispositivo médico. Esa norma es una ISO internacional que todavía no existe aquí. Nosotros dimos la alerta y tenemos una reunión pendiente con el Arcsa para que emita las directrices al respecto. No podemos poner en riesgo a las personas cuando decimos que le estamos dando una N95 hecha en el país. Si se quiere promover la fabricación de mascarillas nacionales hay que hacer varias regulaciones. No me atrevería a llamarlas mascarillas, sino cubrebocas, porque una mascarilla tiene un proceso de fabricación más técnico. Pero si se quiere impulsar esos cubrebocas hay que informarle al usuario que no puede realizar varias actividades con esos productos. Por ejemplo, ir a hospitales o visitar a un paciente. No puedes decir que es una mascarilla y dar una falsa sensación de seguridad.

¿Las mascarillas es el uno de los insumos más importantes para la pandemia, cómo garantizar su efectividad?
Este es un reto para todos, tenemos que regular las ventas que se están dando en redes sociales. Tenemos que generar esos controles, quienes deberían únicamente comercializar dispositivos médicos en la web deben ser los establecimientos farmacéuticos. Estamos en reuniones con las autoridades para solicitar esa regulación, porque se está poniendo en riesgo a las personas.

¿Cómo cambiar estos problemas en el sistema de compras públicas?
Debemos ponderar la calidad del dispositivo médico que queremos adquirir. Muchos de estos productos están atados a tecnología que tiene que ser evaluada de manera adecuada y que no puede entrar a una puja en la subasta inversa.

¿Qué la calidad del producto esté por encima del precio?
Este es el punto que más discutimos con las autoridades, que eso también sea evaluado con los recursos que ya tiene la Ley. Hay una instrucción para que se compre todo mediante subasta y mediante un catálogo. Esto no va a proveer al sistema público del dispositivo adecuado, para garantizar la salud del paciente y el tratamiento que está recibiendo.

¿La subasta inversa es mala a pesar de que los productos cumplan con todos los parámetros técnicos?
Lo que sucede es que en la subasta inversa solo se piden los requisitos mínimos de un producto. No se consideran las características adicionales y mejores. Estos buenos insumos no podrán ingresar porque siempre le va a ganar el mínimo. La subasta inversa es una tendencia que se está aplicando durante 10 años y ha ido aumentado considerablemente. Ahora se pide que se compre por subasta inversa y catálogo de productos, pero en el caso de dispositivos médicos no es conveniente. La subasta no elimina la corrupción. Hay que trabajar en conjunto: los proveedores de dispositivos médicos, importadores y distribuidores somos socios estratégicos del sistema nacional de salud. Hasta ahora tenemos una cartera vencida, pendiente de pago, de $32 millones.

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